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El abogado Rolando Cáceres Salvioni, representante de los cinco policías detenidos por demorar al hijo de un camarista de Paraguarí, calificó la medida adoptada por el juez Julián López, como una aberración jurídica. Además anunció que denunciará a la fiscala Stella Mary Cano, ante el jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por haber violado la Constitución Nacional y varias otras normativas para que sus clientes estén privados de su libertad.
ASUNCIÓN. Cáceres Salvioni indicó que como primera medida está solicitando una revisión de medidas para que sus clientes puedan salir en libertad. Destacó que a más tardar sus defendidos ya podrían nuevamente salir del lugar en donde actualmente están encerrados.
Por otra parte, anunció que una vez que los uniformados estén nuevamente en las calles, recurrirán al Jurado de Enjuiciamiento de magistrado para denunciar el procedimiento arbitrario e ilegal de la fiscala Stella Mary Cano, quien, según el legrado, violó varias normas constitucionales y jurídicas para enviar preso a 5 uniformados policiales.
En ese sentido actualmente están privados de su libertad los agentes policiales Sebastián Sachelaridi, Víctor Abel Vallejos Delgado, Julio Cuba Cartamán, Francisco Javier Giménez Martínez y Guillermo Rafael Torres.
El abogado Cáceres Salvioni calificó de “injusta” la detención de los 5 policías y afirmó que la Constitución Nacional y la institución policial fueron avasalladas.
“Acá se violaron muchas cosas y lo más importante fue la violación de la Constitución Nacional, la cual establece el derecho a la defensa. Nunca fueron llamados a ninguna audiencia”, dijo el letrado.
ANTECEDENTES
Según los datos en la noche del pasado 10 de abril se produjo el roce entre una motocicleta y un automóvil conducido por Antonio Augusto Álvarez Núñez (34), hijo del juez camarista de Paraguarí Antonio Álvarez Alvarenga. Los policías le detuvieron para identificarlo y cuando se bajó esta persona se burló de los agentes. Además, se negó a identificarse.
Los agentes hicieron el procedimiento en fecha y forma e informaron al fiscal Emilio Fuster y después se encontraron con la sorpresa de la orden de captura, imputación y detención. Pidieron la remisión de los agentes a (la penitenciaría) Emboscada, como cualquier criminal.
Los propios agentes intervinientes registraron el procedimiento con sus teléfonos celulares, imágenes en las que se aprecia que Antonio Augusto se resistió a la revisión y que empezó a amenazarlos. Estos videos fueron copiados en un disco compacto y adjuntados al acta de procedimiento que fueron enviados esa misma noche al fiscal Fuster.
Llamativamente, Fuster fue apartado de la investigación justamente cuando iba a imputar por resistencia al hijo del camarista, por decisión del fiscal adjunto, Édgar Moreno, y designó a la fiscala Stella Mary Cano, que dejó impune al demorado y, en cambio, imputó por coacción grave a cinco de los policías que participaron del procedimiento.
“NO SABÍA” DEL VIDEO
Por su parte, el juez Julián López reconoció que dispuso la prisión de cinco policías denunciados por coacción al hijo de un camarista sin considerar un video en que se observa que en realidad los agentes fueron agredidos por la supuesta “víctima”.
Al argumentar su actitud, el magistrado señaló que en realidad “no sabía” del video en cuestión, que podría favorecer a los policías ante las acusaciones de Álvarez. “Esto (el video) salió con posterioridad; cuando el juzgado tomó intervención, esto no estaba agregado (al expediente) y ni siquiera se mencionó la existencia de esa grabación”, refirió.
El juez igualmente rechazó que haya dispuesto la prisión de los policías por algún nexo personal con el camarista Augusto Álvarez.
