Enrique García, contralor General de la República.
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El contralor Enrique García sigue caminando hacia su destitución

La Cámara de Senadores definirá la semana próxima, en un juicio político, la destitución del contralor Enrique García, acusado por mal desempeño de funciones en esta instancia. En tanto, la jueza Lici Sánchez le convocó para mañana martes para la imposición de medidas, tras admitir la imputación por falsificación de documentos públicos. De igual manera, una contribuyente urgió al Ministerio Público para que amplíe la imputación de “falsificación” por supuesta “lesión de confianza”, lo que pinta un oscuro panorama para García.

ASUNCIÓN.- Todo apunta a que las denuncias que pesan contra el hasta ahora titular de la Contraloría General de la República, Enrique García, se definiría en el transcurso de esta y la próxima semana. Los senadores anunciaron que después de la Semana Santa retomarían el juicio político abierto en la Cámara de Diputados por mal desempeño de funciones, figura lega que permite la realización de un juicio político.

“Ahora lo que corresponde es que el Senado empiece el juicio, se designó a los fiscales acusadores que van a representar a la Cámara Baja ante Senadores que se convierte en juez y que en última instancia va a decidir la destitución o permanencia”, explicó el diputado Clemente Barrios. Este escenario se realiza en base a preceptos legales que faculta a los parlamentarios a recurrir a esta figura, en el caso que los funcionarios de instituciones como la Contraloría General de la República (CGR), incurran en algún hecho irregular.

En tanto, en el ámbito de la Justicia, la jueza Lici Sánchez admitió la imputación hecha por el fiscal Leonardi Guerrero contra el contralor por producción de documentos no auténticos y lo citó para mañana martes el 27 de marzo, fecha en que se fijó la audiencia de imposición de medidas, que se llevará a cabo a las 8:30, según la agenda marcada por la magistrada. Con este trámite, se inicia formalmente el proceso contra el contralor García por el caso Ivesur en el que se lo acusa por producción de documentos no auténticos.

 De acuerdo a los antecedentes, el contralor, cuando fue director de la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Asunción, habría atentado contra los intereses de la comuna al presentar fuera de tiempo y forma la apelación de la institución en el caso Ivesur. Este indicio fue calificado como una conducta negligente por la comisión investigadora de la Junta Municipal que evaluó la conducta de García en el proceso.

 La conclusión motivó a la Municipalidad a presentar una denuncia ante la Fiscalía para deslindar responsabilidades en el caso y en el marco del mismo, se cita para mañana al contralor para la imposición de medidas.

Un tribunal arbitral dirimió el pleito judicial entre la empresa que realiza la Inspección Técnica Vehicular (ITV) en Asunción y la propia Municipalidad. En principio, lA firma requirió la suma de US$ 20 millones pero el fallo terminó siendo por US$ 3,6 millones.

URGIMIENTO

Por otro lado, una contribuyente de Asunción, identificada como Marta Coronel Vda. de Cartes, urgió a la fiscala Yolanda Portillo, ampliar la imputación contra García por lesión de confianza, apropiación indebida y asociación criminal. En el 2016, la mujer denunció penalmente al imputado por el caso Ivesur, por supuesta lesión de confianza, debido a que no apeló un fallo que condenó a la Comuna pagar US$ 3,6 millones, por lo que pidió que se amplíe la denuncia contra García.

FUNCIONARIOS

Asimismo, El Ministerio Público dio trámite a la denuncia presentada por los funcionarios de la CGR contra el titular de esta institución, por los supuestos hechos de irregularidades como el presunto desvío de dinero así como fondos no rendidos por viajes al exterior, entre otras irregularidades.

Igualmente, los funcionarios denunciaron que García habría autorizado la contratación de la consultora CAE, representada por Norma Martínez y Marcelo Scappini, para elaborar el manual de funciones del gabinete, el cual está integrado por tres funcionarios y para ello se procedió al pago de G. 180.000.000. Sin embargo, no existe documento que avale la realización de esta labor, según los denunciantes.

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