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El contralor general de la República, Enrique García, es investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. En ese sentido, la fiscal Victoria Acuña explicó que la unidad a su cargo fue designada el año pasado para realizar la pesquisa correspondiente. Señaló que existen sospechas de que el titular del máximo ente contralor no pudo justificar depósitos cercanos a los G. 3 mil millones.
ASUNCIÓN.- Acuña explicó que están profundizando la investigación y una vez que tengan una sospecha fundada, abrirán un proceso. Manifestó que básicamente se trata de una investigación financiera, además de corroborar los bienes que posee, todo lo que implica un enriquecimiento ilícito y también la posibilidad de un lavado de dinero, ya que el contralor siempre fue un funcionario público.
Sostuvo que con el correr de la investigación tomará la decisión de llamar o no a una indagatoria al contralor Enrique García.
Por otra parte, la fiscal de Delitos Económicos negó haber ocultado la investigación contra el Contralor por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. “La causa se abrió tras un reporte de la Seprelad debido a movimientos sospechosos”, dijo.
Acuña subrayó que la investigación se abrió en junio de 2018, pero que si no se dio a conocer es porque no publicitan las causas. “Van ocho meses de investigación y el Ministerio Público aún no resolvió presentar imputación, o bien, archivar el caso. Las investigaciones patrimoniales llevan su tiempo”, ratificó la agente.
“MONTADA POR HECHOS FALSOS”
El contralor Enrique García, sobre las indagaciones que realiza la Fiscalía General contra él, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, dijo, “entiendo que está montada por hechos falsos”.
Según García, los reportes de Seprelad “coincidentemente” se iniciaron en mayo de 2018, cuando estaba en auge “el fervor más fuerte de la campaña” para destituirlo de su cargo, liderada por el gobierno anterior. Recordó que ese conflicto se inició debido a que él dictaminó “fuera del agrado” de la anterior administración sobre una licitación en el caso del aeropuerto.
Asimismo, manifestó que G. 3.000 millones desde 2012 hasta 2017 dan aproximadamente G. 20 millones al mes, por lo cual consideró que no se trata de una cifra apta para la publicación con “letras catástrofes” con respecto a las investigaciones en su contra. Ese primer monto fue mencionado por la Seprelad como un ingreso que aparentemente no puede ser justificado.
García dio a entender que la investigación en su contra es una excusa, para que el Ministerio Público siga oponiéndose a que la Contraloría General de la República (CGR) audite la gestión de la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez.
