Óscar Boidanich, titular de la Seprelad cuya gestión es cuestionada por la Contraloría.
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Contraloría apunta contra Seprelad y ésta se defiende

La Contraloría General de la República (CGR) detectó atrasos en el registro de recursos obtenidos en concepto de venta de bienes varios y recargos por importe de G. 821 millones en la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). La supuesta irregularidad se detectó en la ejecución presupuestaria de ingresos al 30 de setiembre de 2015. Por su parte, Seprelad se defiende y afirma que solo fue un atraso en la registración y no la falta de respaldo en gastos.

ASUNCIÓN.-   Entre otras supuestas irregularidades, la Contraloría detectó en la ejecución presupuestaria de la Seprelad una diferencia por un importe total de G. 357 millones, que surge por la falta de emisión de documentos de respaldo en concepto de cobros por capacitación y canon. Como así también encontró una diferencia de G. 316 millones, entre el saldo expuesto en el extracto bancario del Banco Nacional de Fomento en la cuenta Nº 940031/8 y el Libro Mayor Contable de ingresos, incumpliendo varios artículos de la ley de administración financiera del Estado.

Los auditores de la Contraloría también destacan que al realizar la verificación de las facturas de compras de combustibles de la Serprelad, correspondiente al periodo analizado, constataron que no se describe la cantidad en litros ni el precio unitario, ignorando lo establecido en el artículo 20 del Decreto Nº 10.797/13. Ratificó en su informe que la Seprelad al 30/09/2015 registró diferencias por un importe total de G. 323 millones, entre los saldos de las cuentas que componen el activo de uso institucional expuesto en el balance de bienes de uso.

RECHAZAN FALTANTES

Raquel Cuevas, directora de Análisis Financieros de  Seprelad, consultada sobre la auditoría afirmó que la Contraloría solo cuestiona un atraso en la registración y no la falta de respaldo en gastos.

“Tenemos el informe que llegó desde la Contraloría, entre varias observaciones hay relacionadas con los ingresos y registros contables. No existe un faltante en cuanto a respaldo por gastos”, afirmó.

En referencia al punto que habla de un faltante por G. 323 millones. Cuevas alegó que la institución no tiene capacidad de adquirir combustible por dicho monto. Argumentó que ese monto se menciona en el rubro relacionado a diferencia patrimonial. Aseguró que el presupuesto para dicho rubro prevé apenas G. 50 millones por año.

Por otra parte, la Contraloría también cuestionó las diferencias entre los ingresos depositados en el Banco de Fomento y las registradas contablemente en el mes, por G. 316 millones. En su descargo, la Seprelad señaló que dichos ingresos corresponden a los pagos que realizan los sujetos obligados (bancos, financieras, cooperativas) por canon del sistema operativo y que los importes, si bien son acreditados de forma inmediata en el banco, los documentos respaldatorios (boletas de depósitos) llegan a la institución con varios días de atraso, por lo que no pueden registrarse en la misma fecha.

Tratamos de obtener también la versión del titular de la Seprelad, Óscar Boidanich, para tal efecto llamamos al 021-600435, ahí nos dijeron que teníamos que hablar con la Dr. Crismilda Espinoza, directora de Relaciones Pública. Nos derivaron al interno 6109 donde nos atendió Tatiana Franco y nos informó que la Dr. Espinoza estaba de reunión y que le era imposible atendernos.

TIENE LAMENTABLE CALIFICACIÓN

La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) es un ente que se dedica a combatir el lavado de dinero. Sus autoridades, encabezadas por Óscar Boidanich, arguyen que es un organismo de inteligencia. Su efectividad es duramente cuestionada por un informe del Departamento de Estado de los EE.UU., que aseguran que Paraguay es uno de los mayores centros regionales para los crímenes financieros, entre los que se cuenta el contrabando y el lavado de dinero. Además obtuvo una calificación deficiente en la implementación del modelo estándar de control interno para entidades públicas del Paraguay (MECIP).

Ahora también se suma los cuestionamientos de la Contraloría General de la República en el manejo del dinero público.

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