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QUITO.- La Justicia de Ecuador cerró el cerco alrededor del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017) al enjuiciarlo por su presunta participación en el secuestro de un legislador ecuatoriano y opositor ocurrido en 2012 en Colombia. El exmandatario, que sigue en libertad a pesar de que afronta desde julio una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide su juzgamiento en ausencia por ese delito, castigado con hasta siete años de cárcel.
Correa, que presidió el país de 2007 a 2017 y que vive junto a su familia desde hace un año en Bélgica, de donde es originaria su esposa, tilda de “farsa” la acusación.
Ayer, se supo que el exgobernante socialista presentó en junio una solicitud de asilo en Bélgica, país donde reside junto a su familia desde 2017.
Correa está en la mira de la justicia por el caso del exdiputado opositor Fernando Balda, quien lo acusa de ordenar su secuestro cuando estaba en Bogotá en 2012. Cinco personas lo subieron a la fuerza a un automóvil, aunque la policía colombiana interceptó el vehículo y frustró el secuestro.
Balda es un exaliado de Correa en el partido Alianza País, pero por diferencias personales y luego políticas se distanciaron.
El caso quedó “congelado” en el Poder Judicial, dominado por el exgobernante, durante 7 años.
El llamado a juicio, que incluye también a dos exagentes que están detenidos y a Pablo Romero, exjefe de la secretaría (ministerio) de Inteligencia y quien se encuentra en España, fue anunciado por la jueza Daniella Camacho, de una sala penal de la suprema Corte.
La justicia mantiene además el pedido de circular roja de Interpol con fines de extradición para Romero y Correa, quien se considera víctima de una persecución del gobierno de Lenín Moreno, su sucesor y exaliado.
Debido a que Correa y Romero están prófugos, la magistrada ordenó la suspensión de la etapa de juicio para ambos hasta que sean capturados o se entreguen.
