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El caso Petrobras, la investigación sobre el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, completó tres años, con un balance de 130 condenas y 183 pedidos de cooperación judicial, informó la Fiscalía del vecino país. Desde el comienzo de la operación, en 2014, la policía llevó a cabo 38 fases, en las que fueron realizados 746 allanamientos, 91 prisiones preventivas, 101 detenciones de carácter temporal y seis en flagrante.
BRASILIA.- En los últimos tres años, la Justicia brasileña dictó 130 condenas contra 89 personas, contabilizando un total de 1.362 años, 5 meses y 21 días de pena, y firmó 155 acuerdos de colaboración con personas físicas y diez de lenidad con empresas, en la causa conocida como Lava Jato. En el marco de esos acuerdos, las autoridades recuperaron 10.000 millones de reales (unos 950 millones de dólares).
De acuerdo con la Fiscalía, sólo los delitos denunciados en primera instancia contemplan pagos de sobornos de cerca de 6.400 millones de reales (unos 2.025 millones de dólares), mientras que el bloqueo de bienes de imputados alcanzó los 3.200 millones de reales (unos 1.010 millones de dólares).
La corrupción en torno a Petrobras, la mayor empresa de Brasil, creó un agujero en la petrolera de 42.000 millones de reales (unos 13.290 millones de dólares), teniendo en cuenta el beneficio obtenido por las empresas que formaban el cartel de obras.
De acuerdo con los investigadores, durante una década las compañías pagaron sobornos a funcionarios públicos y políticos con el fin de garantizar los contratos con la estatal.
La Fiscalía también informó que desde 2014 fueron suscritos 183 pedidos de cooperación internacional, de los cuales 130 fueron realizados por Brasil y 53 fueron recibidos por parte de 24 países.
“QUIEREN PERMITIR LA IMPUNIDAD”
Deltan Dallagnol, fiscal de la causa, afirmó que si bien Lava Jato cumplió tres años de “éxitos”, con decenas de personajes poderosos procesados y condenados, está en curso un proyecto de ley para hacer naufragar esa causa y permitir la “impunidad” de los responsables.
Hay “personas con poder, personas que hacen las leyes, que usan la propia ley para protegerse, para impedir la punición”, expresó Dallagnol.
“Esa llamada amnistía a caja dos, en realidad es una amnistía a la corrupción. No se puede decir que caja dos no es corrupción” como alegan muchos legisladores, señaló el procurador que trabaja junto al famoso juez Sergio Moro.
La posibilidad de sancionar un perdón a los políticos que cobraron dinero ilegal de empresas también tiene la venia del titular del Senado, Eunicio Oliveira, y el jefe de Diputados, Rodrigo Maia, ambos sospechados de participación en Lava Jato.
Con la delación, cayeron los “peces gordos”
La operación Lava Jato mandó a prisión principalmente a políticos del Partido Progresista (PP), del PMDB del actual presidente Michel Temer y del PT de Luiz Inácio Lula da Silva y de la expresidenta Dilma Rousseff. La mayor sentencia fue para el padre del programa nuclear brasileño, el vicealmirante Othon Pinheiro, condenado a 43 años de prisión.
El fiscal de la causa, Deltan Dallagnol, defendió la delación premiada, el instrumento que más usó la operación bajo el argumento de que, según sus palabras, “una sardina ayuda a pescar a un cardumen”.
En ese marco, comienzan ahora las polémicas sobre el heredero del grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión, pero con la delación podrá, en diciembre, comenzar con un régimen semiabierto y luego de seis meses comenzar a vivir en libertad con una tobillera electrónica.
Lo mismo ocurrió con el delincuente Alberto Youssef, lavador de dinero y dueño de una cueva financiera en Curitiba que lavaba dinero para políticos que hoy, tres años después de la Operación, fue liberado y vive en Vila Nova Conceicao, uno de los barrios más caros de San Pablo.
Otro caso es el del recaudador del PP y primer delator, Paulo Roberto Costa, ex director de Gas de Petrobras, quien vive en Río de Janeiro y luego de haber devuelto 23 millones de dólares que había cobrado de coimas en Suiza, hoy ayuda en matemática a alumnos de escuelas primarias como parte de su acuerdo para cumplir la pena en su casa.
Fiscalía, a la “caza” de Lula
El juez brasileño, Sergio Moro, deberá emitir un fallo sobre el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, procesado en una de las causas de la Operación Lava Jato. Así lo indicó el coordinador de la Fiscalía de la megacausa anticorrupción, Deltan Dallagnol, quien sostuvo que sigue considerando al exmandatario como jefe de una asociación ilícita, y lo comparó con un general acusado de “criminal de guerra”.
Al cumplirse tres años de la operación anticorrupción más grande de Brasil, que tuvo su origen en Petrobras y hoy está enfocada en los tentáculos de actividades ilícitas de seis décadas de antigüedad y en 12 países de la empresa constructora Odebrecht y su pago de sobornos y de campañas a políticos, el fiscal volvió a cargar contra Lula, quien por su parte lo denunció ante tribunales de alzada.
Dallagnol admitió que “un comandante no practica los delitos con sus propias manos”.”Es como comparar a un general con crímenes de guerra. Un general da la orden desde una oficina con aire acondicionado. No empuña las armas”, dijo el fiscal, que puso como ejemplo al detenido del Partido de los Trabajadores Joao Vaccari Neto, condenado por recaudar dinero de directores de Petrobras que aceptaban coimas de empresas constructoras a cambio de obras.
Dallagnol acusa a Lula de corrupción activa al sostener que el expresidente recibió como dádiva un apartamento en la playa de Guarujá por parte de la empresa constructora OAS.
Lula tiene cinco procesamientos en torno de la Operación Lava Jato, dos en manos del juez Moro.
En caso de que sea condenado en primera y segunda instancia, el expresidente, favorito en las encuestas, será inhabilitado para presentarse a las elecciones de 2018.
