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ASUNCIÓN.- Ante la presunta dilación del proceso que enfrentan los excontralores, Óscar Rubén Velázquez y Nancy Torreblanca, así como Liz Paola Duarte, conocida como la “secretaria VIP”, y otros 11 acusados de cobro indebido de honorarios, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia ordenó la realización de una auditoría de reacción inmediata.
Asimismo, dispone la remisión de los antecedentes a la Dirección General de Auditoría de Gestión Judicial, a cargo de Mario Elizeche. La audiencia preliminar fue suspendida el martes último por tercera vez, debido a que Torreblanca recusó nuevamente al juez penal de Garantías, Alcides Corbeta, por supuesta falta de objetividad.
De acuerdo con la acusación, funcionarios de la Contraloría recibían de manera irregular el pago de salarios y horas extras a pesar de que no prestaban servicios o bien no contaban con títulos universitarios que les requerían sus cargos, lo que ocasionó un perjuicio de más de 1.000 millones de guaraníes a la institución.
Los excontralores están acusados por lesión de confianza, inducción a un funcionario a cometer un hecho punible, en carácter de autores, y cobro indebido de honorarios, como cómplices. Los demás están procesados por cobro indebido de honorarios (autores).
