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Un grupo de parlamentario tiene “secuestrados” a tres miembros de la máxima instancia judicial. Ellos son Sindulfo Blanco, César Garay y Miguel Óscar Bajac, quienes fueron acusados por la Cámara Baja por mal desempeño en sus funciones, en el marco de un juicio político. Los políticos sospechados de delinquir en perjuicio del erario, están congelando el proceso a cambio de la impunidad. El hecho más lamentable es la causa en donde está metido el exministro del Interior, Rafael Filizzola, quien utiliza a su pareja, la senadora Disireé Masi, para salvarse de la cárcel.
ASUNCIÓN.- El juicio político a los ministros de la Corte le está sirviendo como un arma de chantaje a los parlamentarios, los movimientos en falso que realicen los magistrados mencionados, en contra de sus intereses, al instante serán señalados con el dedo acusador y serán enviados directamente al banquillo de los acusados. En ese sentido, es un “mito” pensar que la senadora Desirée Masi llegue a votar por la destitución de los ministros Bajac y Garay, porque según los antecedentes en abril pasado hizo depender su voto de la promoción de un juicio político contra los ministros Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, lo cual habría sido una simple excusa.
Unos de los principales beneficiados con el poder que tiene Desiré es su marido, Rafael Filizzola, que ya fue “perdonado”, por estos ministros en un caso donde se le acusa por el robo de más de G. 1.000 millones, por la construcción de obras “fantasmas” en 24 comisarías, cuando se desempeñaba como ministro del Interior durante el gobierno de Fernando Lugo Méndez, actual senador de la Nación.
Pero este no es un caso aislado, existen varios otros y uno de ellos es la que le afecta al senador liberal Enzo Cardozo, quien tiene muchas cuentas pendiente con la justicia, es acusado de robar más de 50 mil millones cuando ocupaba el cargo de ministro de Agricultura y Ganadería, también durante el gobierno de Lugo, pero hasta ahora, pese a las pruebas y las acusaciones, llamativamente, sigue burlando a las rejas.
Casi la misma situación afrontan el diputado José María Ibáñez y el senador Víctor Bogado. Sin embargo, con este antecedente tienen la seguridad que nunca van a pisar la cárcel, teniendo en cuenta que contarán con el respaldo de los corruptos que imparten la justicia.
Mientras dure el “casamiento” en la corrupción entre los miembros de la Corte Suprema de Justicia y los políticos, seguirá campante y sonante el robo al Estado. La Constitución Nacional es letra muerta para la mayoría de estas personas y la opinión de la población le entra por un oído y les sale por el otro.
Lo peor del caso es que hasta la elección de los ministros está supeditado a los senadores. El procedimiento previsto en la Constitución de 1992 difiere radicalmente del que habían consagrado las constituciones precedentes. La intervención del Poder Ejecutivo en la integración de la Corte Suprema de Justicia ha sido reducida considerablemente: se limita a la influencia que pudiera ejercer por medio de su único representante en el Consejo de la Magistratura y, con posterioridad, a la facultad de otorgar o no su acuerdo al designado por la Cámara de Senadores.
El procedimiento hace que la prostitución judicial cada día sea más fuerte, por un lado los magistrados “negocian” varias causas y los senadores en su mayoría ocuparon cargos públicos ya sean como intendentes, gobernadores, ministros, y utilizan el fuero parlamentario para blindarse de la justicia, o para chantajear a los ministros de la Corte para no ser llevados a juicios.
