Viernes , septiembre 21 2018
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Crecimiento vegetativo de la función pública

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Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro
Dr. Juan Carlos Zárate Lázaro

Según una encuesta realizada por la DGEEC al cierre del tercer trimestre de este año, teníamos un total de 173.494 servidores públicos vs. 165.222 a idéntica fecha del 2015, representando en valores absolutos un incremento de 8.000 funcionarios en tanto que si lo comparamos con el 2014, el incremento fue de 20.000.

No obstante, según fuentes actualizadas del Ministerio de Hacienda señala que tenemos a nivel país 217.000 funcionarios públicos permanentes y 35.000 contratados.

Casi todos los días se viene señalando con insistencia de que el Estado debe racionalizar al máximo su plantilla de personal a nivel país, pues esa superpoblación que se observan en casi todos los entes públicos no tienen sentido alguno, pues lo que se precisa es un mejoramiento substancial en lo cualitativo y no cuantitativamente, pues hay que reconocer que la calidad de nuestros funcionarios públicos, salvo excepciones dejan mucho que desear, justamente debido a la carencia de meritocracia, capacidad e idoneidad, pues históricamente el prebendarismo y clientelismo han sido los valores que se han considerado primarios ,afectando por ende la calidad, eficiencia y eficacia que deberían tener los servidores públicos.

Y eso no lo decimos solo nosotros, sino el propio BID en uno de sus últimos informes, ha señalado que la calidad del servidor público de Paraguay es uno de los más rezagados de la región.

Según el análisis realizado el ingreso promedio mensual actual de los funcionarios públicos se ha incrementado en un 19% (equivalente a G: 700.000), y trepando los G: 4.568.000 en promedio al 31-Obre-2016.

Dentro del PGN 2017 de aprobarse los últimos ajustes salariales sancionados por el Parlamento, estarían representando no menos del 85% del total de gastos corrientes, siendo justamente la calidad del gasto público el que merece una urgente atención y reingeniería, pues no resulta “para nada simpático” que prácticamente todo lo recaudado en concepto de impuestos y otros tributos tengan que destinarse mes a mes al pago de sueldos y otros beneficios.

En nuestro país tenemos funcionarios públicos muy probablemente más allá de lo necesario y urge más que nunca el hacer una depuración “desechando todo lo que sea grasa” y dejando solamente lo que realmente puedan sernos de verdadera utilidad.

Haciendo una racionalización y dejando solamente aquellos que los merecen, pues incluso podrían recibir mejores emolumentos mensuales en función a su capacidad y eficiencia, pues la verdad es que hoy día estamos “regalando” plata a mucha gente que no los justifican, y la ciudadanía que paga sus impuestos puntualmente se merece recibir un servicio de calidad.

Si bien es cierto el 2017 será un año eminentemente electoral, este contexto político institucional entorpece el buen funcionamiento de los entes estatales, quienes sucumben ante una burocracia clientelista conformado por funcionarios que muchas veces ingresan de manera temporal bajo criterios de lealtad política o afiliación partidaria, sin que en contrapartida se considere lo más importante cuál es su capacidad técnica, formación académica, y sobre todo su actitud y aptitud para ser un verdadero servidor público.

Estamos en pleno siglo XXI en donde la tecnología resalta por todas partes y los tenemos a mano como para reemplazar procesos manuales obsoletos que tristemente siguen viéndose en los entes públicos o funciones que pueden ser realizados por 1 solo funcionario y sin embargo todavía los hacen entre 3 o 4, enlenteciendo sensiblemente los flujos de procesos y velocidad de respuesta que se merece el contribuyente.

Esperemos que la SFP “se ponga las pilas” y pueda desarrollar un trabajo profesional mostrando resultados tangibles a través de la anhelada profesionalización de nuestra administración pública, que hasta ahora sigue siendo una asignatura pendiente.

Bien sabemos que el Estado no es ninguna entidad de beneficencia, y por ende no podemos seguir aceptando que funcionarios carentes de capacidad puedan seguir disfrutando de salarios mensuales muy superiores a los que se pagan dentro del sector privado y no quedando ya margen disponible para invertirlos en otros propósitos mucho más prioritarios y perentorios.

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