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ASUNCIÓN.- Los problemas financieros que afronta la pareja Costa-Samudio arriesga ahora la estabilidad de la compañía del Estado, Petróleos del Paraguay (Petropar). Las inhibiciones que enfrenta José Costa Perdomo, esposo de Patricia Samudio, presidente de la empresa de hidrocarburos del Estado, se suman a las acusaciones de tráfico de influencias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enriquecimiento ilícito, revelación de secretos de servicio, según se desprende de la carpeta fiscal presentada por el abogado Luis Villamayor y que está en proceso de investigación.
“La situación se está volviendo cada vez más oscura para la empresa del Estado y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sigue ignorando este escenario, acá ya no se trata solo de favorecer a los amigos, se está tornando más grave que eso”, explicó Villamayor.
A dos meses de asumir, Samudio ya demostró el objetivo que la llevó a ocupar el cargo, “favorecer a los amigos del entorno y tratar de salvar financieramente a sus empresas y la de su esposo”, destacó.
Las diferentes irregularidades que envuelven a la administración de Samudio al frente de Petropar, “en apenas dos meses de asumir al cargo, se volvieron insostenibles, la venta de una importante cantidad de combustible a la empresa Monte Alegre SA, firma ligada al asesor de Mario Abdo, Conrado Hoeckle, y la compra de gas licuado de petróleo (GLP) a la competencia a un precio mucho más elevado. Son dos de las acusaciones más importantes hacia la presidenta de la petrolera estatal”, indicó el abogado.
La denuncia contiene además, “transferencia irregular de los fondos de la empresa estatal, mediante una simple nota con fecha 4 de setiembre del 2018, de US$ 43 millones del Banco Nacional de Fomento (BNF) a bancos privados, contrariamente a lo que establece la ley vigente y el decreto presidencial”.
Una de las entidades financieras más beneficiadas por Samudio fue el GNB-PGY, donde se desembolsaron US$ 20 millones. “Casualmente, con esta entidad bancaria opera la empresa Triqueta SA, cuyo principal accionista es el señor José Costa Perdomo, esposo de la presidente de Petropar, y en donde esta empresa familiar debe unos G. 2.000 millones”, relata la denuncia contra la cuestionada funcionaria.
