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ASUNCIÓN.- A una semana de la matanza ocurrida en la cárcel de San Pedro, donde 10 presos fueron muertos decapitados o incendiados vivos, todo sigue igual en los presidios del país, que son verdaderos bombas de tiempo. El gobierno destituyó a dos directores, presentó al Congreso un proyecto de Ley de Emergencia del Sistema Penitenciario, sin mucha claridad, y anunció una “cumbre” de poderes, que fue convocada para mañana lunes. A eso se reduce, por ahora, la “reacción” del Ejecutivo.

En cuando a la declaración de emergencia, alcanzaría a centros penitenciarios de varones, mujeres y menores de edad. El proyecto, poco claro y que el oficialismo pretendió aprobar a tambor batiente, no convence a los legisladores de ambas cámaras, que en sus sesiones de la semana pasada optaron por postergar el tratamiento.

El diputado Pedro Alliana, de la ANR, opinó: “Es un planteamiento muy apurado y debe ser estudiado mejor, ver cuáles son realmente las intenciones. Darle un cheque en blanco a una institución, creemos que es peligroso”. Sin embargo, considera que, si los proyectistas aclaran algunos puntos, el documento podría ser aprobado en la sesión de esta semana.

La diputada Rocío Vallejos (Patria Querida) coincidió con Alliana al sostener que sería un “cheque en blanco”. Dijo que entre los puntos cuestionados al proyecto figuran la utilización de manera libre de los fondos del Estado. “Durante un año no se iba a necesitar hacer una licitación, y además permitiría usar los fondos de todas las cajas previsionales”, alertó.

“Lo que está sucediendo no pasa de ninguna manera por construir nuevas cárceles, pasa por la gestión y que se apliquen correctamente las medidas preventivas de prisión”, sostuvo.

En setiembre del año pasado, el gobierno ya había declarado emergencia penitenciaría y anunció la construcción de 5 cárceles, una medida que “desempolvó” ahora con lo sucedido en San Pedro.

CUMBRE

Entretanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Giménez Rolón, junto al ministro de Justicia Julio Javier Ríos, convocaron a una reunión para mañana lunes a la fiscal General Sandra Quiñónez, el ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor, la Defensora de República Lorena Segovia, al titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Enrique Bachetta. La intención es preparar una agenda para otra cumbre donde pretenden abordar soluciones.