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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo, Máximo Kirchner, fueron imputados este jueves por cohecho en la causa en la que se investiga la sociedad “Los Sauces”. El encargado de la imputación fue el fiscal Carlos Rívolo, quien además investiga un “crecimiento del patrimonio injustificado”. Rívolo, también imputó a Lázaro Báez y Cristóbal López.
BUENOS AIRES.- El fiscal amplió el requerimiento de investigación en base a una denuncia presentada el viernes último por la diputada nacional Margarita Stolbizer y presentó su dictamen al juez federal Claudio Bonadio.
Cristina Kirchner y su hijo ya estaban imputados en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito y ahora Rívolo amplió su requerimiento fiscal para incluir el presunto cohecho en base a la denuncia de Stolbizer, en la causa que está bajo secreto de sumario.
Además, según precisaron fuentes judiciales, el fiscal incluyó en su dictamen e imputó por supuesto cohecho a los empresarios Báez y López, mencionados por Stolbizer en sus denuncias.
Tras la presentación del dictamen fiscal, la causa está a estudio de Bonadio.
Según la denuncia presentada por Stolbizer, la sociedad Los Sauces habría alquilado sus propiedades a estos empresarios beneficiarios de obra pública durante las sucesivas presidencias del fallecido Néstor Kirchner y su esposa Cristina.
“Cristina Fernández de Kirchner recibía dinero mediante un acuerdo que tenía la apariencia de un vínculo comercial, pero encubría una promesa, en su condición de funcionario público, para otorgar más obra pública y omitir todo tipo de controles por parte del Estado”, se afirmó en la denuncia.
Para Stolbizer “lisa y llanamente se trata del delito de cohecho en su expresión más burda”.
El mismo día de la ampliación de la denuncia de Stolbizer, Bonadio había ordenado allanar los consorcios que administran departamentos propiedad de Los Sauces en Puerto Madero y Constitución en busca de constancias de pago y otra documentación en la parte de la causa que investiga ya el supuesto enriquecimiento ilícito.
Stolbizer aludió a un “acuerdo” consistente en la “entrega continua de dinero por parte de Lázaro Báez a través de sus empresas a la entonces presidenta, a través de sus empresas, a fin de que le sea otorgada obra pública”, en un marco de “omisión funcional”, es decir de “carencia de control por parte de organismos públicos”.
La defensa de la ex Presidenta pidió el miércoles al juez federal Julián Ercolini que le pida la causa Los Sauces a su par Bonadio para unificarla con la que está a su cargo, Hotesur.
El magistrado dio vista a las partes para que den su opinión antes de resolver sobre este planteo del abogado Carlos Beraldi.
