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ASUNCIÓN. A partir del próximo jueves, Venezuela entrará en una cuenta regresiva hacia su probable suspensión en el Mercosur. Ese día vencerá el plazo del ultimátum que los demás países miembros le habían dado en setiembre al gobierno de Nicolás Maduro para que adecuara toda la normativa de la nación caribeña a las reglas requeridas por el Protocolo de Adhesión al bloque. Es casi un hecho que las autoridades venezolanas no llegarán a cumplir con tales exigencias. Las cancillerías de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay discuten de qué manera se instrumentará la suspensión, es decir, si será parcial o total.
El ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país, Eladio Loizaga, dijo que es casi un hecho que Venezuela de Maduro será suspendido del Mercosur.
Luego de su incorporación al Mercosur en 2013, Venezuela nunca terminó de compatibilizar sus leyes con las normas que exige el bloque en materia de comercio, infraestructura, derechos humanos y otros rubros. El país aún debe incorporar 112 resoluciones del Mercosur, para lo que debería activar un largo trámite parlamentario. El gobierno de Maduro aduce que eso no es sencillo, ya que dichas resoluciones chocan con la legislación nacional. Además, la Asamblea Nacional es controlada hoy por la oposición. Y, en plena crisis, la adecuación al Mercosur está lejos de ser una prioridad legislativa.
Los coordinadores de los cuatro países fundadores del Mercosur se reunieron el miércoles pasado en Buenos Aires para comenzar a analizar la situación. Fijaron una reunión de cancilleres para el 14 de diciembre, sujeta a confirmación, en la que se tomaría la decisión sobre Venezuela. A su vez, los gobiernos evalúan suspender la cumbre de presidente del Mercosur que suele celebrarse a fines de diciembre para realizar el traspaso de la presidencia pro tempore del bloque. Esta vez no hay méritos para exhibir.
