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El gobernador del X departamento, Roberto González Vaesken (colorado Añetete) celebró en su momento que “un altoparanaense” acceda a un puesto en la Itaipú nada más y nada menos que como consejero, sin reparar en el “detalle” de que es uno de los operadores principales al servicio del diputado con permiso, Ulises Quintana, preso por su presunta vinculación con el narco Reinaldo “Cucho” Cabañas. Se trata del abogado Crescencio Molinas, quien recibirá la suma de G. 80 millones gracias a que su amigo, el parlamentario procesado, pertenece al equipo político del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.
ASUNCIÓN.- El mandatario de nuestro país no puede desprenderse del lado oscuro del financiamiento de su campaña electoral para llegar al sillón de los López. En ese sentido, la devolución de los favores políticos están a la orden del día, beneficiando incluso a los operadores de sus propulsores como el diputado con permiso y recluido en la cárcel de Viñas Cué, por estar metido en narcotráfico, Ulises Quintana.
El claro reflejo de este accionar es el nombramiento nada más y nada menos como consejero de la Itaipú del abogado Crecencio Molinas, uno de los defensores del mencionado legislador preso.
El mismo Álvaro Arias, también defensor de Quintana había comentado que Molinas es amigo de Ulises y que estuvo presente durante la audiencia de imposición de medida.
Asimismo Molinas es un férreo defensor de Quintana y había señalado que existen dudas sobre la imputación que pesa contra el legislador y que no resultaría extraño que detrás de la situación esté el clan Zacarías. “El proceso abierto contra Ulises Quintana es aberrante. Le tipifican cinco figuras legales que el Ministerio Público le endilga, pero que no tienen forma de sustentarlas”, había afirmado.
Incluso había mencionado que, en tal sentido, presentaron una nota ante el Poder Judicial y el Ministerio Público, de tal manera a demostrar la aberración jurídica que se cometió contra Quintana.
Sin embargo, ahora Molinas, miembro del Consejo de Administración de Itaipú, negó haber asumido anteriormente la defensa legal del diputado Ulises Quintana, imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, tráfico de influencias, asociación criminal, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
PELIGROSO PAGO DE FAVORES
Para el nuevo gobierno, el criterio de idoneidad establecido en la Constitución Nacional como único y esencial requisito para acceder a los cargos públicos, fue cambiado por afiliación, lealtad y pago de favores. Pero estos ya tuvieron su garrafales consecuencias como es el caso de Petropar, en donde a los pocos días su titular, Patricia Samudio, ya fue cubierta con un manto con tufo a negociados.
