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ASUNCIÓN.- El ministro de la Secretaría de Defensa al Consumidor (SEDECO) y una funcionaria que se desempeña como secretaria en la misma dependencia, viajaron a una cumbre en México. El viaje se llevó a cabo del 17 al 21 de noviembre de 2015.
Enrique Bordón e Hilda Rossana Barrios Capdevila, ministro y secretaria respectivamente, realizaron un viaje de carácter oficial para participar de una “cumbre que tiene como propósito la promoción y fortalecimiento de la cooperación regional” (sic).
Registros de viajes por el interior y países del exterior, indican que Bordón Ovelar llevó en concepto de viático, G. 14.341.075, en tanto que a la secretaria le fueron otorgados G. 9.551.325 para el mismo fin. El total del dinero del Estado invertido en el viaje de ambos funcionarios, asciende a 23.892.400.
En el portal web de la SEDECO no existen registros o informes que brinden detalles de la cumbre a la que supuestamente asistieron. Sin embargo en el perfil de Facebook de la secretaria, puede observarse imágenes en las que aparece en las playas de Cancún, México.
Así mismo, no fue publicada la rendición de cuentas correspondiente en la misma página web en el apartado de rendición de viáticos.
Según se puede visualizar en la plataforma, este no es el único viaje que ambos funcionarios realizaron. En octubre del año pasado, el ministro, la secretaria y otro funcionario de nombre Rodrigo Estigarribia viajaron a Concepción para un taller sobre educación financiera, con un viático de G. 561.248 cada uno.
En diciembre del mismo año, los dos primeros funcionarios más otro de nombre César Fernández, se trasladaron a Alto Paraná para una visita a autoridades en el marco del Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor (SNIPC), para lo cual se les asignó G. 1.683.744 cada uno en concepto de viático. Posteriormente se trasladaron a Itapúa para otra visita a las autoridades en el marco del SNIPC, llevando G. 912.028 de viático.
Ninguno de los viajes mencionados consta en los documentos publicados en el sitio web de SEDECO. Por lo que la ciudadanía no accede a datos acerca de en qué se utilizó su dinero.
