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ASUNCIÓN. “Fue un error” es la respuesta que dieron los 5 ministros que figuran en el informe de la Contraloría General de la República que los señala por haber mentido en sus declaraciones juradas, como si pudieran justificar de manera tan alegre la poca seriedad que tuvieron a la hora de elaborar un documento público, cuya falsedad está tipificada como delito.

Eduardo Petta, de Educación; Carla Bacigalupo, de Trabajo; Mario Varela, de Acción Social; Dany Durand, de Vivienda y Nilda Romero, de la Mujer, son señalados por la Contraloría, que ratifica que cometieron dolo al presentar declaración falsa, ocultando, en algunos casos, bienes que tienen, y, en otros, declararando algunos que legalmente no poseen.

En todos los casos, la reacción de los integrantes del gabinete de Mario Abdo Benítez coincidieron en dos cosas: que todo se trató de un error involuntario –como si llenar una planilla de declaración jurada fuera cosa de jugar ta-te-ti- y en la indignación porque la Contraloría hizo público su informe sin haberles dado “el derecho a la defensa”. En esto coincidieron hasta representantes del PDP en el Senado, sin tener en cuenta que el documento fue justamente en respuesta a un pedido de la Cámara Alta.

Este informe fue remitido a la Fiscalía porque, repetimos, la Contraloría insiste con que los investigados cometieron un dolo (es decir, un delito) al mentir en sus declaraciones. Y es al Ministerio Público al que le corresponde abrir una carpeta y convocarlos para que declaren. Esta no es competencia de la CGR, a la que sí le compete hacer el análisis y presentar el resultado de sus investigaciones.

Ya tendrán tiempo de mostrar que todo se debió a un error sin mala intención cuando sean convocados por la Fiscalía. Por de pronto, deberían empezar a buscar mejor argumento para no dejar en evidencia que la lucha contra la corrupción es su bandera cuando los investigados son otros y no les afecta a ellos.