viernes , noviembre 22 2019
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El expresidente de Brasil, Lula da Silva.

Defensa de Lula pide formalmente su inmediata puesta en libertad

BRASILIA. La defensa del expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió este viernes formalmente ante la Justicia Federal su inmediata puesta en libertad, después de que el jueves el Supremo Tribunal Federal (STF) decidiese que es inconstitucional la prisión de una persona en segunda instancia.

“Esperamos que la ejecución de la pena pueda expedirse de inmediato porque no hay razón para esperar otro trámite”, dijo a la prensa Cristiano Zanin, abogado de Lula, quien destacó que el expresidente “está muy sereno”.

“La decisión del STF le ha dado una luz de esperanza de que pueda haber justicia. Nuestra batalla jurídica continúa y nuestro foco es la anulación de todo el proceso que llevó a su condena”, comentó Zanin.

Asimismo, recordó que la decisión del STF “confirma que no había posibilidad de ejecución de la pena (…) el expresidente está aquí desde hace 579 días contrariamente a lo que dice la ley y la Constitución”.

El abogado se reunió previamente esta mañana con el líder del Partido de los Trabajadores (PT) en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, en el sur de Brasil, donde se encuentra preso desde abril de 2018.

El expresidente (2003-2010), de 74 años, cumple en Curitiba una pena de 8 años y 10 meses de prisión por lavado de dinero y corrupción pasiva en el caso de un departamento triplex, en el marco de la ‘Lava Jato’.

La libertad del petista no es automática. Lula depende de la autorización de la jueza federal Carolina Lebbos para dejar la prisión y esperar en libertad a ser juzgado por el caso del triplex.

VOTACIÓN

El jueves por 6 votos a 5, en un cambio de la jurisprudencia de 2016, de los jueces del STF decidieron que una persona no puede ser considerada culpable hasta que se haya dictado una sentencia final, es decir, cuando no hay más recursos judiciales en proceso. Al antiguo líder sindical le quedan todavía recursos pendientes.

La medida también afecta a unos 4.900 presos, entre los que se encuentran decenas de condenados en la Operación anticorrupción Lava Jato, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los considerados peligrosos o que fueron presos de manera preventiva no accederán a la libertad. La Justicia analizará caso por caso después de que los abogados de cada preso pida la correspondiente revisión. (Con información de actualidad.rt)

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