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ASUNCIÓN.- Con el anuncio de que impulsará la revisión de la prisión preventiva, debido al abuso de esta medida cautelar que llena las cárceles de personas sin condena, asumió ayer la nueva defensora general, Lorena Segovia.
Informó que desde el Ministerio de la Defensa Pública buscará cambiar lo relacionado a la prisión preventiva, “que es una de las causales de hacinamiento en las penitenciarías”, recalcó.
Explicó que la revisión debe ser analizada en el Congreso y recordó que actualmente avanza una mesa de trabajo para una reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal. “Es fundamental rever la situación jurídica respecto a la prisión preventiva. Y bueno, en ese sentido, hay muchas posiciones respecto a qué realmente debe permanecer en el ámbito de la decisión del juez y no obligarlo con relación a una disposición legal sustrayendo en el ámbito de la competencia la necesidad o no de dictar una prisión preventiva”, dijo.
Recordó, también, Lorena Segovia, que la Constitución Nacional establece que la prisión preventiva solo debe ser dictada cuando es indispensable para las diligencias de un juicio (Art. 19). Además, el Art. 242 del Código Procesal Penal detalla que se debe decretar únicamente cuando hay peligro de fuga u obstrucción de la investigación.
Igualmente, mencionó que en el 2004 se modificó el Art. 245 del Código Procesal y se prohibió a los jueces otorgar medidas alternativas a la prisión a los procesados por hechos punibles que tienen una expectativa de pena mayor a cinco años de prisión, los tipificados como crimen.
Es por ello que todo imputado por hechos como hurto agravado y robo agravado, homicidio, lesión grave, violación sexual, etc., por la simple sospecha ya son remitidos a la cárcel a la espera de un sobreseimiento o una condena.
Luego recordó que desde el 2015, los casos de violencia familiar, y desde el 2018 los de abuso sexual infantil, ya se tipifican como crimen y tampoco se les puede otorgar a los imputados medidas alternativas a la prisión.
