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ASUNCIÓN.- La Cámara de Diputados remitió el 5 de julio pasado la resolución por la cual se formula acusación contra el contralor general de la República, Enrique García. El documento fue enviado a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta y desde ese entonces “duerme el sueño de los imposibles”.
La Resolución 2.910, por medio de la cual se formula acusación ante el Senado contra Enrique García, fue enviado a los efectos de la instauración del juicio político.
Según los datos, el pasado mes de marzo, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que formula la acusación contra García por mal desempeño en sus funciones como contralor general de la República. De acuerdo al artículo 225 de la Constitución Nacional, ahora corresponde al Senado por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público al acusado por la Cámara Baja.
García fue imputado por el fiscal Leonardi Guerrero por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. Los antecedentes se remiten al conflicto entre Ivesur y la Municipalidad de Asunción, donde él se desempeñaba como asesor jurídico, antes de ser designado contralor.
El caso se había iniciado en el 2016. Entonces, García era asesor jurídico de la Municipalidad de Asunción. La empresa Ivesur ganó a la institución una demanda por indemnización por daños por no exigir la inspección técnica vehicular (ITV) a los vehículos que entraban a Asunción.
Cuando salió el fallo, el intendente Mario Ferreiro comunicó que la condena establece el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización y G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso. Como intentando minimizar, había remarcado que Ivesur pretendía US$ 12 millones. La Municipalidad no presentó ninguna acción posterior a la condena.
