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ASUNCIÓN.- El Dr. Hernán Codas Jacquet (urólogo), quien expidió un certificado de reposo al imputado exministro del MOPC, Salyn Buzarquis, el domingo 11 de junio para que zafe por octava vez de su audiencia preliminar, es ignorado por la Fiscalía, pese que según el Código Penal ambos se exponen hasta a 10 años de prisión por producción de documento de contenido falso.
Mientras, los representantes de Buzarquis presentaban el reposo, su cliente se paseaba por el Uruguay pidiendo “asilo” político a los liberales prófugos que quemaron la sede del Congreso.
El liberal está imputado por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas durante su administración en el ministerio, en el gobierno de Federico Franco. Con la supuesta millonaria firma de contrato con una empresa italiana, sin autorización del Poder Legislativo, se habría causado un perjuicio patrimonial de 600.000 dólares. Desde el 2015 se intenta resolver la causa (si se eleva o no a juicio). La fiscal Victoria Acuña pidió a la jueza Griselda Caballero que el forense judicial examine a Buzarquis.
Al ser consultado sobre su actuar, el galeno señaló “Salyn Buzarquis me dijo que estaba con un dolor lumbar, por eso le di el certificado, no sabía que iba a ir a Uruguay. Le di el certificado el domingo y fue por 48 horas, jamás supe que el usaría eso para no presentarse a la Justicia”.
El certificado médico escrito a puño y letra por Codas expresa, que deberá guardar reposo domiciliario por razones de salud, para su tratamiento y recuperación, hasta el 14 del corriente (junio) inclusive. Se expide el presente certificado a pedido del interesado para lo que hubiere lugar, en Asunción a los 11 días del mes de junio 2017”.
Sin embargo, los datos revelan que Salyn Buzarquis salió del país el sábado 10 de junio, con destino a la República Oriental del Uruguay. El viaje lo hizo con otros referentes del PLRA para gestionar el refugio político a cuatro jóvenes, procesados por la quema del Congreso el 31 de marzo pasado. Esto revela que el documento fue falsificado ya que el domingo 11 Buzarquis ya llegó a destino, mientras que la audiencia preliminar debía desarrollarse el martes 13.
El Código Penal establece en su artículo 246, referente a la producción de documentos no auténticos que, “el que produjera o usara un documento no auténtico con intención de inducir en las relaciones jurídicas al error sobre su autenticidad, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. Incluso, “en los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años. Lo que podría perfectamente aplicarse a Buzarquis. Sin embargo, esta normativa es letra muerta para la Fiscalía.
