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ASUNCIÓN.- En menos de dos meses, la presidente de Petropar, Patricia Samudio, cometió una serie de irregularidades que demostraron que hizo retornar a la empresa estatal, a lo que fue antes de 2013, un apéndice de los emblemas privados. En ese tren también tomó determinaciones para beneficiar a los amigos del presidente de la República y a su esposo, intermediario en la venta de combustibles y a los amigos.
Todo sin desparpajo, con su firma que consta en cada uno de los documentos que obran en una carpeta hoy escondida en el escritorio de la fiscal adjunta Soledad Machuca desde el pasado 18 de octubre.
Los elementos contenidos en la denuncia prueban los delitos de tráfico de influencias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enriquecimiento ilícito, revelación de secretos de servicio y conexos que surjan de una investigación fiscal.
A solo unos días de haber asumido el cargo, Samudio ordenó la transferencia mediante una simple nota con fecha 4 de setiembre del 2018, de US$ 43 millones a bancos privados. Desacató la Ley de Presupuesto y un Decreto vigente que prohíben tal acción.
Casualmente, una de estas operaciones se realizó con un banco que disputa deudas con la empresa Triqueta S.A., del señor José Costa Perdomo, esposo de la presidenta de Petropar.
Compró gas en el mercado local a un precio muy alto en comparación a los proveedores internacionales, todo por favorecer a Pedro Ballotta, propietario de Corporación Petrolera SA (Copesa), con la compra de 4.000 toneladas de GLP por valor de US$ 3,5 millones. La operación representa US$ 100 la tonelada más cara, que recayó sobre el consumidor final.
Favoreció a la empresa Monte Alto SA de Conrado Hoeckle, amigo del presidente Mario Abdo Benítez, entregando información privilegiada que le permitió una ganancia de US$ 1 millón en una sola operación de compra de combustibles un día antes de aumentar el precio.
