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ASUNCIÓN.- Recién en una semana más podría quedar conformada la comisión especial para el estudio del pedido de intervención a varias municipalidades, entre ellas la de Ciudad del Este. Así lo aseguró la diputada Rocío Vallejo (PPQ).
“Hay varios pedidos. Se tiene que conformar la comisión y establecer un procedimiento uniforme, ya que la ley dice cómo conformar una comisión especial. Además, tenemos varios pedidos, no solo de Ciudad del Este”, expresó la parlamentaria.
Vallejos explicó esto luego de la reunión de comisión.
“Estaban ahí (en la reunión de comisión) representantes de Asuntos Constitucionales que nos dijeron que hay otros varios pedidos de intervención de otras municipalidades. Decidimos que el grupo de Constitucionales determine la proporción de diputados por bancada. Hay bancadas que tienen más representantes y otras que tienen menos”, expresó.
Aseguró que el trámite está en marcha para que luego de la conformación de la comisión, ésta emita un dictamen después de haber estudiado las causales del pedido de intervención, para posteriormente ser puesto a consideración.
La diputada negó que la intención sea dilatar el tratamiento de los puntos, sino afirmó que “se deben cumplir con los procesos que dicta la Constitución”.
DIPUTADOS “ESCONDEN” LA PELOTA PARA ENCUBRIR A LOS PROCESADOS
Silencio y hermetismo en la Cámara de Diputados con respecto a los parlamentarios procesados. Es de esperar, porque quien debería tener la iniciativa de instalar el tema en las sesiones, es el primer investigado, el presidente de la corporación legislativa, Miguel Cuevas.
Hace más de un mes que se “escondió” la pelota. Desde la aprobación del desafuero de Ulises Quintana, nadie se acordó de los demás procesados, como Tomás Rivas (ANR), Carlos Núñez Salinas (ANR) y Carlos Portillo (PLRA).
El 12 de setiembre, a pedido del mismo Ulises Quintana (ANR-Añetete), la Cámara de Diputados aprobó su desafuero para que sea sometido a la Justicia. El legislador fue imputado tras detectarse su vínculo con el supuesto líder narco, Reinaldo “Cucho” Cabañas.
Unos días después, la diputada Kattya González (PEN) declaró que algunos sectores opositores de la Cámara Baja analizan los casos de otros legisladores que cuentan con procesos judiciales.
“Estamos en diálogo permanente con algunos sectores, estudiando los antecedentes y salidas legales, políticas y constitucionales que debemos asumir. Estamos instando a los sectores involucrados a tomar decisiones y no desconocer los momentos que se viven”, sostuvo Kattya
Dijo que se debe dar la garantía a los ciudadanos que muchos están dispuestos a mantener una línea de coherencia con las decisiones anteriores. Mencionó los casos de Tomás Rivas, quien está imputado por tener caseros al igual que José María Ibáñez; Carlos Núñez Salinas, procesado por supuesto contrabando y Carlos Portillo, imputado por supuesto tráfico de influencias.
Todos estos, lógicamente a más del presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas (ANR-Añetete). Justamente fue él uno de los últimos consultados sobre sus pares procesados. Cuevas está denunciado por enriquecimiento ilícito y otros delitos y respondió a los requerimientos de la prensa de manera evasiva.
Sobre si correrán los pedidos de desafueros a los parlamentarios procesados, se excusó diciendo que no se pude expedir al respecto porque es una decisión que debe ser tomada por todos los diputados.
Similar postura había asumido cuando se iba a tratar el caso José María Ibáñez. Entonces alegó no conocer mucho de leyes para emitir una postura al respecto y que para eso debía asesorarse.
