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ASUNCIÓN.- Las influencias de Patricia Samudio en el actual gobierno, no solo le permite manejar los precios de los carburantes y favorecer a sus “socios” del cartel de los combustibles y los amigos del presidente de la República, también se extiende en la administración de Justicia.
Desde octubre yace inmóvil, juntando polvo una carpeta repleta de documentos oficiales que prueban irregularidades perpetradas por la ejecutiva de la petrolera, sin siquiera llamar la atención de Soledad Machuca, fiscal adjunta de Delitos Económicos.
Ni siquiera el pedido de inicio de un proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, por la desidia en investigar el manejo del dinero del Estado mueve a Machuca.
El ninguneo a la causa iniciada por la Asociación de Operadores de Petropar, bajo patrocinio del abogado Luis Villamayor, lleva más de dos meses “durmiendo el sueño de los justos”.
Hace algunos días, Villamayor informó a ADN que “la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, habría solicitado informes sobre la carpeta que presentamos, pero quedó ahí, nadie movió nada”.
Las causas que debe investigar el Ministerio Público y en que tuvieron directa participación Samudio, son varias, entre ellas, son tres las más graves. Privilegió a la empresa Monte Alegre SA, del asesor “ad honorem” de Marito Abdo, Conrado Hoeckle.
Esta empresa se aprovechó de información privilegiada para hacerse con 7,5 millones de litros de combustibles a un precio menor a la suba posterior. Es decir, tenían la información de la suba y dos días antes de concretar el incremento, compraron 7,5millones de litros de gasoil.
Solo por la operación, en la variación de precio, sin contar sus ganancias por la venta, la familia Hoeckle ganó US$ 1 millón.
Patricia Samudio compró demás gas licuado de un competidor local, vía excepción, y disparó el precio del producto. Esta operación benefició a Pedro Ballota, propietario de Copesa, que “ganó” una licitación interna para la compra “de urgencia” de Gas Licuado de Petróleo a un precio de US$ 1,00 el litro más caro que la oferta del proveedor internacional.
No se justificaba la urgencia, debido que tenía Petropar existencia para un mes y, desde el inicio, una operación de compra, hasta su llegada a Villa Elisa pasarían dos semanas.
Samudio violó la ley de presupuesto al realizar depósitos en bancos privados que no fueron para el pago a proveedores del exterior. Se sospecha que esta operación financiera fue para beneficiar a su esposo, con serios problemas bancarios.
Un documento interno de Petropar de fecha 4 de setiembre con firma de Patricia Samudio, autoriza la transferencia de los US$ 20 millones a un banco privado. Esta operación está prohibida por la Ley del Presupuesto y un Decreto presidencial vigente.
Registros del banco (GNB) muestran que los US$ 20 millones estuvieron depositados más de 30 días, con lo que echa por tierra la versión de que fue para el pago a proveedores.
