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Luis Villamayor, exdiputado y abogado de la Asociación de Operadores de Estaciones de Servicio de Petropar, manifestó que ya fue designado un agente fiscal para investigar las irregularidades cometidas por la presidenta de la Petrolera Estatal, Patricia Samudio. La misma fue denunciada por el gremio por varios delitos, entre los que se encuentran lesión de confianza, tráfico de influencia y otros. Según el letrado, además de ser sacada del cargo, la mujer se expone de 5 a 10 años de cárcel.
ASUNCIÓN.- El Dr. Villamayor destacó que estaban pendientes de la designación del fiscal y si no se hacía, ya iban a tomar otras medidas de presión. “Ahora, más que nunca, se está aclarando lo que habíamos afirmado, tiene todos los fundamentos sólidos, teniendo en cuenta que el precio del crudo a nivel internacional sigue bajando. Sin embargo, Patricia Samudio, incluso había indicado a los medios de prensa que el precio del combustible iba aumentar”, criticó.
Aseguró que son indicios de que ella está en el tren de favorecer a los emblemas privados, que cumplir sus funciones como presidenta de Petropar.
Recordó que la denuncia fue realizada por lesión de confianza, porque habiendo de por medio un daño patrimonial al Estado, siendo ella funcionaria a cargo de una institución pública y tiene como meta mantener el precio de los combustibles bajos, vía competencia directa, ella había vendido a la competencia todo su stock de 7,5 millones de litros de gasoil. En este caso, a la empresa “Monte Alegre S.A”, dejando a Petropar desabastecida, ocasionando el incremento del precio de los combustibles, que implicó otros aumentos.
Refirió que también es un delito el hecho de haber revelado una información a la competencia y puede perfectamente ser tipificado como tráfico de influencias. “La ley dice claramente, que si ella o vinculada a ella ofrece información a la que tiene acceso, se configura en un delito”, manifestó Villamayor.
Por otra parte, mencionó que la habían denunciado por haber comprado 4.000 toneladas de gas licuado de petróleo de la competencia, con precios mucho más altos de lo que hubiese conseguido, adquiriendo de los proveedores actuales, que son de Bolivia. Mencionó que, ahora, Samudio volvió a comprar otro stock y ya con US$ 83, lo que confirma lo que habían denunciado.
PENA CARCELARIA
Consultado sobre la pena carcelaria a la que se expone la titular de Petropar, aparte de ser sacada del cargo, sostuvo, “lesión de confianza y tráfico de influencia, son delitos que contemplan 5 a 10 años de privación de libertad, pero lo fundamental es acá, más allá de la pena que se pueda aplicar, es que de una vez por todas se desnude que no obra en función a su obligación, como presidenta de Petropar. Porque, evidente, hace todo lo posible para favorecer al sector privado, de donde ella proviene”, subrayó el letrado.
El abogado comentó que el marido de la titular de Petropar tiene una empresa que se llama “Triqueta SA”, que se dedica a la comercialización e intermediación de combustible. Ante esta situación, Patricia Samudio siempre va a jugar a favor de las empresas privadas. “Ya ha causado un perjuicio de US$ 1.100.000, por la venta de combustible a la competencia en lugar de vender a los emblemas de Petropar. Lo que queremos es que se la destituya realmente”, concluyó.
