Viernes , septiembre 21 2018
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Desigualdad ante la ley

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La principal justificación de un juicio político es que debe basarse en que quien será enjuiciado haya incurrido en mal desempeño en sus funciones. Esto se debe a que el proceso, que ponen en marcha los diputados y concretan los senadores, no tiene nada que ver con el ámbito jurisdiccional, que interviene si el caso tiene que ver, además, con causas que impliquen delito.

Para incurrir en mal desempeño, el funcionario de marras debe tener algún tiempo en la función por la cual será juzgado, lo cual cae de maduro. Nadie puede ser atacado por hacer mal su trabajo si ni siquiera tuvo la oportunidad de hacerlo. Además, aunque este motivo de juicio político no tenga que ver con lo jurídico, rigen algunos conceptos comunes, como la igualdad ante la ley, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Lo que pretenden hacer los liberales con la fiscal Sandra Quiñónez es una verdadera aberración y viola todos los principios que desde siempre han regido en el funcionamiento de la institución del juicio político, válida y útil cuando es correctamente utilizada.

No hay ningún motivo por el cual se pueda pensar siquiera en iniciar este proceso para la titular del Ministerio Público, quien juró hace una semana y ni siquiera tuvo tiempo de acomodarse bien en el sillón oficial. ¿De qué mal desempeño puede ser acusada si ni siquiera estuvo aún el tiempo suficiente para hacer algo, sea bueno o malo? Y entonces, ¿cuál será el argumento para acusarla?

Según los liberales, el libelo acusatorio, que está siendo elaborado desesperada y urgentemente, se basará en el modo en el que fue conformada la terna del Consejo de la Magistratura y en la decisión del presidente Horacio Cartes de elegirla como su candidata.

Cualquiera puede darse cuenta de que ninguna de las 2 cuestiones tiene que ver con ella, ya que una fue decisión del consejo y la otra del jefe de Estado. Sin embargo, los diputados pretenden juzgarla por eso, lo cual ni siquiera resiste un análisis serio porque, además de todo lo dicho anteriormente, nadie puede ser juzgado, ni política ni jurídicamente, ¡por lo que hizo otra persona!

Para colmo, con Sandra se viola el principio sagrado de la presunción de inocencia, hasta haciendo futurología, porque los liberales ya saben que ella se desempeñará muy mal en sus funciones, por eso prefieren juzgarla antes siquiera de que pudiera hacerlo.

En fin, la cantidad de ridiculeces que podríamos analizar de esta absurda y delirante pretensión de Efraín Alegre y sus diputados es interminable, pero lo mencionado basta para saber que lo único que harán los liberales será hacer el ridículo, algo que, en realidad, ya no les preocupa demasiado porque hace mucho perdieron la vergüenza.

Claro que sabemos que no tendrán mayoría para tratar siquiera el libelo acusatorio. Pero otra vez harán incurrir, a todo el país, en una soberana pérdida de tiempo y esfuerzo. Hasta los papeles que se utilizarán para imprimir el proyecto de libelo acusatorio implican un inútil e innecesario gasto de recursos del Estado.

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