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Aunque el presidente asegura estar “construyendo institucionalidad”, la verdad es que el “desmadre” en este terreno es cada vez más profundo. Así lo demuestran los hechos que se suceden en torno a la crisis desatada en la Municipalidad de Ciudad del Este, cuya cronología de las últimas 48 horas grafican el grado superlativo de cretinismo político al que hemos llegado. En ese breve lapso se produjo la renuncia de la intendente Sandra McLeod de Zacarías, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) convocó a elecciones para elegir a su reemplazante el próximo 3 de marzo, la Cámara de Diputados, no obstante, aprobó la intervención de la comuna, la ex jefa comunal dijo que retiraría la renuncia si no se realizan elecciones y los ministros que firmaron la convocatoria están amenazado por legisladores con ser enjuiciados y destituidos de sus cargos. La verdad, procesar tanta idiotez, de tantos y en tan poco tiempo, a cualquier ser racional deja exhausto.
La crisis en CDE es de larga data y ya hubo otros intentos de intervención que no prosperaron en el pasado. Sin embargo, tras el arribo de Mario Abdo a la presidencia y la conformación de una mayoría en Diputados que responde a sus directrices, la suerte, para la intendenta y el “clan Zacarías”, ya estaba echada, tal como lo evidenció el nuevo pedido para intervenir la administración municipal y la adhesión pública del propio presidente.
Hasta ahí, nada nuevo, más que las típicas idas y venidas de nuestra política criolla, tan mediocre como previsible, con sus tradicionales “cruces de facturas”. El plan marchaba viento en popa. Los números ya estaban y, tras la intervención, el paso siguiente era la destitución y, por qué no, la cárcel para alguno de los Zacarías, que por otro lado están siendo objeto de una investigación fiscal por presunto enriquecimiento ilícito. Hasta que la intendente renunció en vísperas de la sesión de Diputados y, literalmente, “se pudrió todo”, porque se puso en marcha el mecanismo de sucesión, con el llamado a elecciones por parte de la Justicia Electoral, que evidentemente no estaba en los planes de sus detractores.
Los promotores de la intervención, desde la arena legislativa, política y mediática, hicieron rechinar sus dientes de bronca: ¿Cómo? ¿No será sometida a la humillación de la destitución? ¿Y encima habrá elecciones para que los ciudadanos escojan al reemplazante? ¡¡Vade retro, Satanás!!. Y así, luego de tan agudas “reflexiones” y sin tomar en consideración que estaban ante un nuevo escenario, sencillamente resolvieron seguir adelante con su hoja de ruta, ratificada con el voto de 58 diputados que aprobaron la intervención.
Una decisión surrealista, por decir lo menos. La Cámara resolvió intervenir la administración de alguien que está renunciante y cuyo sustituto/a surgirá de elecciones que se realizarán en 90 días. Pero el absurdo no acabó allí. La propia McLeod incorporó su cuota de confusión a esta historia, al anunciar que si no hay comicios ella retira la renuncia, como si fuera que este tipo de determinaciones ahora puede estar condicionado a factores establecidos con antelación por el renunciante. No es así. No es un contrato que obliga o desobliga a las partes ante determinadas circunstancias. Es una decisión política irreversible, al menos cuando se adopta libre y voluntariamente.
Estamos, pues, en un estado caótico, que trasciende sobradamente las fronteras del municipio de CDE, al tener como protagonistas a una Cámara del Congreso y al máximo organismo electoral, que nuevamente es impugnado, con sus integrantes bajo amenaza de ser removidos por medio de un juicio político.
¿Acaso alguien con cierto apego, no digamos ya a las instituciones, sino a la razón, puede procesar esta seguidilla de informaciones tan desquiciadas, en las que hasta el presidente tuvo participación?
En este contexto de desorden general, lo prioritario, lo esencial y lo sensato, es respaldar al TSJE en su decisión de llamar a elecciones, fundada en la renuncia (irreversible) de Sandra McLeod. Es la única forma de “construir institucionalidad”, al decir de Marito, o de evitar que siga avanzando el proceso de deterioro en éste ámbito y, al mismo tiempo, es el único mecanismo democrático para que los celesteños, en las urnas, decidan a quién quieren como intendente.
¿Y qué pasará con la intervención? Qué se vean los 58 “genios” que la aprobaron, junto con el Ministerio del Interior, al cual corresponde su designación. Si prosiguen con el “plan”, deberían intervenir la administración del… ¡intendente interino!, lo cual, en medio de tanto mamarracho, hasta resultaría divertido.