jueves , diciembre 5 2019
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Destruyendo la institucionalidad

Desde que el diputado Ulises Quintana fue privado de su libertad, hace seis meses, referentes de Colorado Añetete se manifestaron en “solidaridad” con el acusado por narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos, y ejercieron presiones de diversas magnitudes a favor de su libertad. Pero en los últimos días, lo que antes fueron “aprietes” de los tantos que reciben jueces y fiscales, se transformó ahora en una escandalosa campaña para someter al Poder Judicial a la voluntad del poder político, que tiene como protagonistas nada menos que al presidente de la República y, por si eso no bastara, al presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

El día de ayer, Mario Abdo se fue en elogios a “su amigo” Ulises, alentando un desenlace favorable del proceso que se le sigue, es decir, que abandone la prisión. Minutos después, el senador oficialista Enrique Bacchetta publicó un tuit en el cual le expresó a Quintana su cariño, afecto y confianza, y le deseó dos cosas: que pronto recupere su libertad y fuerza para enfrentar “la injusticia” que está viviendo.

Ambos se sumaron así, de lleno, a pronunciamientos anteriores del vicepresidente Hugo Velázquez, diciendo básicamente lo mismo, del asesor político del mandatario, Dani Centurión, para quien Quintana sería “un lujo” como candidato a la intendencia de CDE en el 2020; de la líder de la bancada oficialista en Diputados, Jazmín Narváez, y de otros políticos abdistas. El problema radica en que Marito no es un ciudadano “común”, ni siquiera el senador que encabezaba desde su banca el boicot a los planes del gobierno de Horacio Cartes, sino el jefe de uno de los poderes del Estado, que está inmiscuyéndose en otro, mientras que Bacchetta es el presidente del JEM, el organismo que tiene en sus manos el futuro de los magistrados y agentes del Ministerio Público.

Las declaraciones de Marito quedaron en segundo plano al hacerse público lo dicho por Bacchetta, que lo superó con creces, por el contenido de lo expresado y la investidura que ostenta. La fiscal que lleva adelante la investigación a Quintana, Lorena Ledesma, casi de inmediato anunció que analiza la posibilidad de renunciar, porque si bien fue objeto de algún tipo de presiones a lo largo de su carrera, nunca había recibido una amenaza como ésta, tan directa. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, divulgó su postura de apoyo a todos los fiscales que investigan casos de narcotráfico; y la Asociación que los nuclea repudió las palabras del senador.

Las reacciones no se limitaron a las mencionadas. Las redes sociales explotaron con críticas de muy alto voltaje. Abogados de fuste, como Osvaldo Granada Salaberry, pusieron de relieve la gravedad de lo acontecido, al igual que su colega senador Enrique Riera, quien como expresidente del Consejo de la Magistratura sabe mucho de estos temas.

Sorprendentemente, Bacchetta solo atinó a responder a la catarata de cuestionamientos diciendo que lamentaba que sus palabras hayan sido “mal interpretadas”, se disculpaba por ello y anunció que se apartaría de tratar cualquier caso relativo a Quintana en el Jurado de Enjuiciamiento.

Las disculpas pueden o no ser aceptadas, eso es completamente secundario. Lo importante es determinar si la conducta de Bacchetta amerita o no una sanción, asumiendo que de él difícilmente parta la iniciativa de dar un paso al costado y apartarse, no del “caso Quintana”, sino del cargo, que pareciera ser lo recomendable y lo más ético ante semejante comportamiento.

En otro pasaje del proceso político, apenas unos meses atrás, el Senado se habría reunido de manera extraordinaria para sancionar al responsable del hecho y hasta votar la pérdida de su investidura, mientras sectores de la prensa, con ABC a la cabeza, le hubiesen dedicado tapas y editoriales hasta hacer rodar su cabeza. Pero esa “rigurosidad” solo está reservada por los enemigos políticos, no para “los amigos”, a quienes a lo sumo critican por “irse de lengua”.

Lo más probable es que el escándalo termine diluyéndose entre otras noticias a las que den prioridad los medios y que los políticos oficialistas, así como sus aliados, se hagan los desentendidos. Y también es muy probable que Quintana, a corto plazo, obtenga su libertad, a pesar de que fuera “pillado con las manos en la maza” en un caso de narcotráfico.

Conclusión: Esta es la “institucionalidad” que cínicamente dice estar construyendo el nuevo grupo de poder, cuyo accionar socaba a diario los cimientos del Estado de Derecho.

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