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ASUNCIÓN.- Jesús Daniel Guanes y Domingo Rolón, funcionarios de la Defensoría del Pueblo, fueron desvinculados de la institución, tras ocho denuncias en su contra por supuesta coima a víctimas de la dictadura. Los trabajadores habrían exigido incluso pagos de hasta G. 8 millones por resoluciones favorables a los que estaban realizando la gestión.
Este hecho irregular salió a luz cuando las personas que pagaron a los empleados para dar celeridad a sus gestiones, denunciaron lo ocurrido tras enterarse de que salieron resoluciones donde se les negaba acceder al dinero por no cumplir los requisitos.
Referente al tema, el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, indicó que los funcionarios solicitaban dinero a personas de escasos recursos, exigiendo incluso que vendan sus vaquitas y que le envíen la suma por giros Tigo. A cambio les prometía que la institución emitiría resoluciones que les sean favorables.
Según Godoy, estas personas fueron desvinculadas hace 10 meses del departamento de relatoría y confección de listas de las víctimas de la dictadura. Aparentemente, los funcionarios entablaron un vínculo para ganarse la confianza de las personas que buscaban agilizar sus trámites.
Igualmente, según Godoy, los trabajadores empezaron exigiendo G. 2 millones y llegó a pedir hasta G. 15 millones a las víctimas, según la denuncia de los afectados. El titular de la defensoría sostuvo que los antecedentes fueron remitidos al Ministerio Público, de tal manera a investigar las denuncias y evitar que más personas sean estafadas por la misma persona u otros posibles cómplices.
Por otra parte, Godoy recomendó a todas las víctimas de la dictadura que deben acudir directamente a la Defensoría del Pueblo para pedir indemnización del Estado, no deben hacerlo a terceras personas, ya que no existen nexos para el efecto.
