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Un agente policial y un personal de la Marina fueron detenidos por supuesta extorsión agravada y privación ilegítima de libertad, caso investigado por la fiscal Zunilda Ocampos Marín. Resultó víctima Francisco Eduardo Perrott Mattos, a quien acusaron de robo de mercaderías de una empresa y le obligaron, por escritura pública, a pagar la suma de 13 mil dólares americanos. Además, le despojaron de su automóvil, supuestamente como garantía en cumplimiento de la obligación.
CIUDAD DEL ESTE.- El Ministerio Público intervino en la causa y determinó que los ahora aprehendidos: César Horacio Medina alias “Pirulo”, agente del Grupo Especial de Operaciones (GEO) y Walter Raúl Molinas Rojas, militar reservista de la Marina, son propietarios de una empresa de seguridad.
Por su parte, el denunciante se encontraba trabajando en una empresa denominada Mobile Zone Internacional Import Export, situado en el edificio Jebai Center, microcentro de Ciudad del Este.
Allí, supuestamente se registró desaparición de varios productos, por lo que los sindicados fueron convocados. Desde ese local comercial, César Medina dio aviso a los uniformados de la comisaría 1ª, sin embargo, éstos al llegar conversaron con los encargados, quienes señalaron que no formularían ninguna denuncia y que estaban elaborando un inventario.
Terminado el procedimiento de rigor, los policías se retiraron del negocio. No obstante, César Horacio y Walter Raúl permanecieron frente a Mobile Zone, donde demoraron ilegalmente a Francisco Eduardo.
El mismo, fue trasladado hasta un salón vacío, donde le advirtieron que debía pagar 13 mil dólares. Posteriormente, llevaron al trabajador hasta una escribanía, donde le hicieron firmar un documento en el que reconocía la deuda.
No contentos, se apropiaron de su vehículo, marca Chevrolet, color negro, chapa BAX 3041, supuestamente como garantía en cumplimiento de la obligación, debiendo el rodado quedar a disposición de los dos involucrados “para todos los efectos legales”, según refiere el documento.
Los sospechados permanecen privados de libertad en la Dirección de Policía, a cargo del Ministerio Público.
