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No es ningún secreto que la situación sanitaria en Venezuela es catastrófica, pero el panorama se vuelve directamente escalofriante cuando se le asignan cifras a la tragedia. Entre 2015 y 2016 (el último del que se tienen datos oficiales del país), la mortalidad materna aumentó más del 65%, llegando a niveles que no se veían desde 1990. El desabastecimiento de remedios en todo el país ronda entre el 80 y el 90%. Tres millones de personas con enfermedades crónicas (aproximadamente, una persona por cada 10 habitantes) pasaron al menos un año sin recibir tratamiento de ningún tipo. El 50% de los centros de salud público, que representan alrededor del 90% de los entes proveedores de servicios sanitarios, está colapsado.
CARACAS.- Estas figuras surgen del informe “Salida de Emergencia”, publicado recientemente por Amnistía Internacional, donde se buscó documentar los alcances de los problemas de salud que afectan a la población. Debido a que Venezuela no publica un boletín epidemiológico oficial desde 2017 (el cual había sido realizado con datos recolectados en diciembre de 2016), la ONG recurrió a cifras provistas por organizaciones civiles y gremios médicos dentro del país, como así también organismos internacionales, para trazar un mapa de la situación.
“La situación es insostenible, y lo más paradójico es que el gobierno venezolano niega la existencia de una crisis alimentaria y de salud, y rechaza la ayuda y cooperación de la comunidad internacional” afirmó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Éxodo masivo
La crisis migratoria que azota al país es otro de los puntos centrales. Las autoridades migratorias de Colombia (uno de los países que más venezolanos ha recibido) calculan que a lo largo de 2017 han recibido 550 mil personas, mientras que los servicios de salud han debido tratar de forma urgente a 24 mil. Entre quienes viajan a Colombia para acceder a la atención médica necesaria figuran centenares de mujeres embarazadas.
En adición al aumento de mortalidad materna señalado más arriba, la infantil experimentó un salto de más del 56% entre 2015 y 2016, lo que explica el deseo de estas madres de buscar alternativas para asegurarse un parto más seguro. En prácticamente todos los casos recolectados por Amnistía, la situación en los hospitales venezolanos era la misma: la paciente debía comprar todos los insumos y medicamentos necesarios para el parto. A esto hay que agregarle que, en caso de complicaciones, la falta de antibióticos o anticoagulantes eleva el riesgo del procedimiento.
En el Hospital Universitario Erasmo Meoz, en Cúcuta, Colombia, pasaron de atender 618 venezolanas embarazadas en 2016, a 2152 en 2017, un aumento del 316%. La mayoría de las mujeres entrevistadas por Amnistía provenían del estado fronterizo de Zulia y Carabobo en Venezuela, dos de los lugares con las tasas más altas de mortalidad materno-infantil. También se registraron casos de mujeres embarazadas debido a que habían consumido pastillas anticonceptivas vencidas que les habían vendido en una farmacia.
