Javier Díaz Verón, exfiscal General del Estado.
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Díaz Verón seguirá preso por enriquecimiento ilícito

ASUNCIÓN.- Los miembros del Tribunal de Apelaciones en lo Penal, José Parquet, Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro, rechazaron el pedido de medidas menos gravosas o alternativas a la prisión, propuesta por la defensa del exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón. El mismo está procesado por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, considerados como crímenes y que cuentan con una alta expectativa de pena.

Los camaristas argumentan “en torno a la aplicación de medidas menos gravosas compartimos que calificación de crimen y la alta expectativa de pena originada en la calificación, definitiva por este Tribunal de Apelación penal, en fecha 28 de agosto de 2018, no permiten a esta altura procesal tornar conveniente la sustitución de la medida de prisión preventiva por otra menos gravosa”.

Según los datos hace unos días ya se le había negado la revisión de la prisión preventiva al exfiscal general del Estado, quien se encuentra recluido en la cárcel militar de Viñas Cue desde el 24 de agosto.

Los antecedentes revelan que el pasado 24 de agosto Díaz Verón y su esposa, María Selva Morínigo, fueron imputados por la fiscal María Estefanía González, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, respectivamente. El Ministerio Público sostiene que el matrimonio no tiene cómo justificar un patrimonio de G. 6.000 millones.

La agente fiscal solicitó además del embargo e inhibición general de vender y gravar bienes, además de la prisión preventiva para ambos.

Los delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias se encuentran tipificados en los artículos 31 y 42 de la Ley Nº 2523/04 “Que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la Función Pública y el tráfico de influencias”; en concordancia con el Artículo 29, núm. 1º; previsto y penado en la Ley 1160/97 del Código Penal, pudiendo ampliarse esta denuncia a todas aquellas personas que hayan participado en la comisión de los hechos denunciados. La pena podría alcanzar hasta 10 años de privación de libertad.

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