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El fiscal general del Estado –con mandato vencido- Javier Díaz Verón justificó su ida de vacaciones en un momento crítico para el Ministerio Público, asegurando que las planeó antes del escándalo. Ratificó que no renunciará y aseguró que la prensa lo persigue. Su subordinada, Yolanda Portillo, lo investiga por enriquecimiento ilícito.
ASUNCIÓN.- Díaz Verón regresó al país después de 2 semanas de vacaciones con su familia en México y Estados Unidos, algo que fue muy criticado por varios medios de comunicación que consideraron que era, por lo menos, irresponsable de su parte abandonar su puesto en el Ministerio Público en el momento en el que más arreciaba el escándalo de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
En su defensa, dijo que estas vacaciones estaban decididas mucho tiempo atrás y no pudo suspenderlas. Aseguró además que es inocente del delito por el que se lo investiga, enriquecimiento ilícito, ya que los bienes que posee, en gran medida, son herencia familiar que proviene de su suegra.
Está bastante confusa la situación no solo de Díaz Verón sino de la titularidad de la Fiscalía General del Estado, puesto que él investigado permanece en el cargo por reconducción tácita, a la espera de que el Ejecutivo y el Senado se pongan de acuerdo para elegir a su sucesor.
Ante la indecisión, algunos diputados han decidido actuar como si fuera fiscal de pleno derecho y analizan la posibilidad de someterle a juicio político, proceso largo y engorroso que, probablemente, dure más de lo que tarde Díaz Verón en dejar el cargo.
A su regreso al país, aseguró que “manifesté mi intención de someterme a la justicia. Esta es una oportunidad. Yo, como afectado, digo que soy inocente, que voy a demostrar con documentos. Es la correspondencia de lo que uno ganó como funcionario público”. Sobre el tema, el fiscal adjunto, Federico Espinoza, había anunciado la semana atrás que la investigación de los bienes de Díaz Verón se iniciará desde el momento en que entró a la función pública hasta ahora.
El fiscal aseguró que es un perseguido por los medios de comunicación y que “me siento impotente. No tengo barril de tinta para escribir, no tengo un medio. Me voy a defender por dignidad y por mi familia”.
SOSA PASMOR PIDE QUE LA CSJ AUDITE SU ACTUACIÓN
El juez Hugo Sosa Pasmor pidió a la Corte Suprema de Justicia que audite su actuación en un expediente por el cual, supuestamente, habría recibido soborno. Aseguró estar tranquilo y tiene los expedientes que demuestran que su resolución en el caso fue contraria a los intereses de quienes hablan en la grabación de marras.
El magistrado había sido mencionado en uno de los audios, cuya carpeta ahora está a su cargo, como que recibiría un soborno por dictar una sentencia que convenga a un cliente del abogado –ahora imputado- Carmelo Caballero, quien lo conversó con Fernández Lippmann.
Al respecto, Sosa Pasmor aseguró que ayer presentó una nota ante la Corte Suprema de Justicia y la Superintendencia de Justicia, a fin de que puedan auditar el expediente que se menciona en la grabación y comentó que en ese caso, su sentencia fue exactamente contraria a lo que conversaban ambos imputados.
“La resolución es contraria a lo que planteaban en esa conversación. Una resolución que se tomó mucho antes de que haya saltado ese supuesto audio. Estoy muy tranquilo; yo mismo estoy solicitando que la Corte audite el expediente”, explicó.
Cuando se le consultó el motivo por el cual no se aparta del caso, ya que fue mencionado en el expediente, respondió que “sí, pero antes tengo que resolver las cuestiones que se plantearon de los audios (…) El titular –de la causa- ya está volviendo la próxima semana; entonces, no quiero entorpecer justamente las investigaciones”, aunque adelantó que analizará la posibilidad de presentar alguna acción en contra de quienes lo mencionaron en el caso.
Al respecto, señaló que luego de la feria judicial y previa consulta con algunos expertos, tomará alguna acción sobre el tema, más que nada por el daño que el supuesto audio hizo a su imagen. Negó haber recibido presiones de nadie en torno al caso, aunque agregó que no tiene miedo de dichas presiones, puesto que su actuación siempre está basada en lo que dice la ley.
NO HUBO IMPOSICIÓN PARA LIPPMANN
No pudo realizarse la audiencia de imposición de medidas para el exsecretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann, acusado de varios delitos, entre ellos cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, porque un tribunal de apelación debe decidir sobre los incidentes planteados por la defensa.
El magistrado Hugo Sosa Pasmor, quien tiene a su cargo la causa que investiga el tráfico de influencias que habría quedado en evidencia en los audios del JEM, explicó que la audiencia prevista para ayer, para que Fernández Lippmann recibiera la imposición de medidas, tuvo que ser suspendida porque, a pesar de que él rechazó todos los incidentes planteados por su defensa, la palabra final la tiene un tribunal de Apelaciones.
Por supuesto, lo mismo ocurriría con todos los imputados por el caso, ya que sus respectivas defensas hicieron presentaciones de incidentes similares.
Sosa Pasmor insistió con que su juzgado había rechazado todas las presentaciones y en el caso de una aclaratoria, la Fiscalía deberá responder en los próximos días.
