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ASUNCIÓN.- El senador Payo Cubas, imputado por perturbación a la paz pública, cuya pena privativa de libertad es de hasta cinco años, sostuvo que la Fiscalía no tiene elementos para probar que participó en los hechos de los que se le acusa y que terminaron en la quema del Congreso Nacional, la noche del 31 de marzo de 2017. “Tiene solo un video en el que se me ve entrando con un gorrito azul y un celular en la mano”, acotó.
El parlamentario imputado, junto a una veintena de personas, bajo el tipo penal de perturbación de la paz pública. Se trata de los disturbios que ocurrieron en las inmediaciones del Congreso Nacional y posterior quema del mismo edificio, que ocurrió el 31 de marzo de 2017. En dicha ocasión, se produjeron hechos vandálicos que terminaron causando un perjuicio patrimonial que rondaría los 200 mil dólares, que serán devengados del erario público.
La participación del imputado en los hechos vandálicos está totalmente documentada, sin embargo, mientras mantenga sus fueros será imposible que continúe el proceso. Hay diversas imágenes y filmaciones, donde se aprecia que Payo tomaba parte activa en aquellos sucesos violentos. Además, él mismo, en reiteradas ocasiones, había afirmado que fue protagonista de la quema del Congreso, algo que consideró incluso como “quema patriótica, aludiendo de esta manera a razones políticas.
De la imputación formulada se colige que el 31 de marzo, las personas que ahora se encuentran imputadas, ingresaron de manera violenta a la sede del Congreso Nacional, arrojando objetos y rompiendo todo a su paso. Así también, de acuerdo a los materiales con que se cuentan, lanzaron petardos contra efectivos de la Policía Nacional, ocasionando lesiones físicas a los uniformados, entre otros graves daños. Por lo tanto, y ante las evidencias, es inadmisible que le sigan manteniendo su protección parlamentaria al citado senador.
El precepto constitucional que asiste al legislador no puede ser sobrepasado, y por esta razón, el juez Amarilla tuvo que solicitar el desafuero del mismo. Y lo que se espera del Congreso es una actuación madura y responsable; de lo contrario, se podría entender que existe corporativismo para impedir que la Justicia cumpla con su trabajo.
