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En estos últimos días, en algunas averiguaciones sobre la situación de la colonia Nueva Mestre, en Villa Hayes, hemos constatado que en la época del “Gobierno del Cambio”, liderado por Fernando Lugo y el de los liberales, Federico Franco a la cabeza, se registraron los mayores presuntos negociados con el Fondo de Inversiones Rurales del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).
Ocurre que con esa plata se debía asistir también a los pobladores de Nueva Mestre, incluyendo la titulación de las tierras y la transferencia a los beneficiarios. En aquel proyecto figuraron los departamentos de Concepción, San Pedro, Caazapá, Paraguarí, Caaguazú, Misiones, Amambay, Alto Paraná, Ñeembucú e Itapúa. La única comunidad chaqueña que figuraba en la lista era Nueva Mestre.
En los presuntos negociados son sindicados como principales responsables los del Gobierno Central de entonces, pero con respecto a las autoridades locales, hay que decir que justamente en el actual periodo, de Antonio “Loro” Saldívar (Encuentro Nacional) como gobernador de Presidente Hayes y Esteban Ríos, intendente de Villa Hayes por la Alianza Pasión Chaqueña, es también la época de mayor abandono de la comunidad de Nueva Mestre.
Tanto Saldívar como Ríos, después de mucho tiempo, lograron desplazar a los colorados de la Gobernación y de la Municipalidad, pero está demostrado que el “remedio” fue peor que la enfermedad. Por suerte, el pueblo se dio cuenta y en las recientes elecciones “habló” en las urnas, el colorado cartista a la Gobernación, Rubén Rousillón, se impuso claramente y será el nuevo ejecutivo departamental.
Es decir, los opositores liberales y los de que se pasan buscando alianzas para enfrentar a la ANR, presentándose como los impolutos, definitivamente son diez veces peores que los colorados.
Sin embargo, de eso no quiere hablar ni el mismo Norberto Bellini, ciudadano italiano quien preside la Asociación Solidaridad para el Desarrollo (ASES), quien gestionó los fondos de la Unión Europea y logró unos 14 mil millones de guaraníes para ejecutar el proyecto Nueva Mestre, en el año 1993.
Hace 4 años, cuando Bellini presentó el último informe de la cooperación
italiana y de la Unión Europea, en la jurisdicción de la Diócesis de Benjamín Aceval (cuando Mario Melanio Medina era obispo de la misma) y de Misiones y Ñeembucú (también en la época del mismo prelado), se limitó a decir que cuando se presentó el proyecto Nueva Mestre, el gobierno de Juan Carlos Wasmosy se había comprometido a titular las tierras y transferirlas, pero hasta hoy los beneficiarios aún no tienen título.
Evidentemente se abstuvo de decir que las grandes irregularidades y presuntos millonarios robos de los recursos que debían ser destinados, entre otras cosas, a la titulación de las propiedades rurales, ocurrieron durante las administraciones de tres liberales y un encuentrista.
Pero hay que decir nombres y apellidos de quienes manejaron y despilfarraron los Fondos de Inversiones Rurales: Marciano Barreto (PLRA), Emilio Camacho (PEN), Luis Ortigoza (PLRA) y Juan Carlos Ramírez Montalbetti (PLRA), quienes fueron presidentes del Indert.
En segunda línea del manejo de los referidos fondos estuvieron el Ing. Javier González (diciembre 2010-abril 2011), Ing. César González Parini (abril de 2011-julio de 2012); Ing. Abel Aurelio Brítez (julio de 2012-abril 2013); Luis Carlos Jara (mayo de 2013) y Marcelo Netto Benítez (mayo-agosto 2013).
Uno de los diarios “veletos”, que hoy cree que los opositores al gobierno de Horacio Cartes son los “honesto e intachables”, publicó en su momento los supuestos millonarios negociados en nombre de los proyectos rurales, de asistencia a campesinos, regularizaciones de propiedades, entre otras cosas.
Según aquellas informaciones, más de G. 26.000 millones (casi US$ 6.000.000) fueron a parar a manos de 21 organizaciones privadas que ofrecían llevar a cabo proyectos. Los desembolsos se realizaban sin ningún control, al igual que las millonarias compras que supuestamente realizaban las organizaciones. Hicieron figurar desde obras fantasmas, hasta entrega de alimentos que nunca se hicieron. Según las verificaciones, un solo proveedor llegó a facturar a través de sus tres empresas por un monto superior a los G. 9.000 millones a varias entidades.
Se facturaron a nombre de la emergencia alimentaria, inundaciones, sequía, gestiones de titulación o en concepto de supuesto apoyo a la agricultura familiar. Las irregularidades salpican hasta a organizaciones campesinas que supuestamente bregan por un mejor pasar de la gente del campo.
Según los convenios firmados entre el Indert y las organizaciones, el dinero debía ser transferido a través de una cuenta corriente en el Banco Nacional de Fomento; sin embargo en todas las ocasiones se hicieron a través de cheques entregados directamente a los responsables de los organismos. Pero pronto se descubrió que las supuestas ONG no estaban en funcionamiento.
Y con todos estos antecedentes, estos opositores “buenos para nada”, siguen con sus mentiras, pero lo peor es que ni ellos se las creen.
