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Un grupo de peritos determinó que existen indicios de que la presidenta separada del cargo del Brasil, Dilma Rousseff, incurrió en la emisión de Decretos de Créditos sin autorización del Congreso Nacional. Pero que no fueron identificadas acciones directas en la decisión de atrasar los pagos a bancos públicos en las llamadas “pedaladas fiscales”, en los subsidios otorgados a productores rurales en el Plan Zafra.
BRASILIA.- La pericia fue entregada en la mañana de ayer a la dirección del Senado y la comisión tiene 24 horas para poder estudiar. El Senado tiene un plazo de 24 horas para el conocimiento de su contenido por las partes, que entonces pueden presentar solicitudes de aclaración del informe, con un plazo de apertura de 72 horas para la resolución de temas, de acuerdo con la Agencia Senado.
De acuerdo al cronograma, el 9 de agosto será votado el informe previo de la comisión de impeachment sobre las acusaciones contra Dilma. En tanto, Rousseff fue convocada a declarar el próximo 6 de julio ante la Comisión Especial de Impeachment de la Cámara Alta. Pero aún no se sabe si lo hará en forma personal o será representada por su abogado José Eduardo Cardozo.
Dilma es acusado en el proceso de destitución de un crimen cometido por los retrasos de las transferencias del Tesoro en el Banco de Brasil en nombre del Plan Cosecha y de dictar decretos con créditos adicionales sin la autorización del Congreso.
Diego Prandino Alves, uno de los peritos, explicó que los técnicos del Senado no identificaron un acto directo de la presidenta apartada del cargo en las “pedaladas”, con base a los documentos anexados al proceso de impeachmeant. Resaltó que “si hubo algún acto directo de la petista en los atrasos en el pago, los peritos no tuvieron acceso a esa prueba, porque no fue analizada por los técnicos”, refirió.
Los peritos establecieron que las irregularidades detectadas en la administración durante 2015 fueron el aumento de tres partidas presupuestarias para organismos públicos que lo solicitaron, que contaron con el visto bueno de Dilma.
La pericia se basa en los informes del Tribunal de Cuentas (TCU), que constituyen el juicio político.
Para la defensa, las llamadas de pedaleo no constituía una operación de crédito con instituciones financieras públicas, que están prohibidas por la ley, y el decreto sólo sirvió para reasignar recursos sin lugar a cambios en el volumen de gasto.
Para algunos analistas se derrumbó el principal argumento para el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
