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ASUNCIÓN.- Los trabajadores del transporte exigen la renuncia o destitución del director de la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), Carlos Samarán, por cuestiones que lesionan al gremio de choferes. La crisis de esta entidad es un poco más profunda y tiene que ver con la ineficiencia en su gestión de regulador de los servicios de transportes de pasajeros y cargas nacional e internacional y como organismo de aplicación de convenios y acuerdos en el ámbito de su competencia. En su haber tiene denuncias de corrupción; hechos que convierten a la dependencia en prescindible.
La postura de los choferes es innegociable, exigen al Poder Ejecutivo que Carlos Samarán deje el cargo y analizarán en congreso del gremio otras acciones como una huelga general. Lo que no se examinan son puntos que determinan las condiciones actuales de Dinatran misma. ¿Para qué sirve esta organización?¿La salida de Samarán resolverá el problema?, son consultas que Juan Villalba, dirigente sindicalista de la Federación de Trabajadores del Transporte (Fetrat), no sabe responder.
Los trabajadores de este sector acusan al funcionario y a Agustín Encina, viceministro del Transporte, de generar condiciones que direccionan licitaciones para favorecer a determinados empresarios en el proceso de adjudicación de itinerario. También de dejar fuera a 1.800 choferes. El ministro Ramón Jiménez Gaona le dio su respaldo a Encina.
En el caso de Dinatran, no es la primera vez que se cuestiona su funcionamiento. La Contraloría General de la República (CGR) dispone de una serie de documentos que determinan un elevado índice de corrupción porque “no cumple con normativas relativas a contrataciones, administración de talento humano, administración de inversiones, contabilidad y transparencia, control interno y externo”.
Esta calificación fue ratificada con una baja calificación del Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas del Paraguay (MECIP), que fiscaliza y evalúa los sistemas de control interno de las entidades sujetas a la supervisión de la Contraloría General de la República. En 2014 esta calificación fue de 3,03 con marcadas deficiencias de funcionamiento.
“Así como está, Dinatran no sirve, no ejerce su función; no cumple su cometido”, dijo Juan Villalba, dirigente sindical al frente de las manifestaciones instaladas frente a Dinatran, en San Lorenzo.
Dinatran realiza las mismas gestiones propias a la Patrulla Caminera, Policía Nacional y Policía de Tránsito en el control de patentes y chapas “y ese no es su trabajo, y comete irregularidades en la cancelación de itinerarios y no llama a licitación”, acusó Villalba.
El informe de Contraloría avala estas denuncias: “realiza concesión de licencias y trámites por decisión individual. No existen simplificación de trámites y aplicación de mejoramiento continuo, ni cuenta con tecnología incorporada en los trámites. No dispone de una oficina de quejas y reclamos”.
En Congreso intentó en 2013 eliminar la figura de Dirección Nacional de Transporte dejando sin efecto la Ley 1.590 que la reglamenta y centrar las obligaciones en el viceministerio del Transporte; pero no prosperó.
Uno de los argumentos dice que “Dinatran no ha cumplido los objetivos establecidos en la ley y que hoy es una fuente de corrupción”. Villalba agregó que “Dinatran y pasó a ser una dependencia Central de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam)”.
“Solo con una huelga nos van a escuchar”
Los trabajadores del transporte agremiados en 22 sindicatos llamaron a un congreso para decidir acciones de presión para influir en el presidente Horacio Cartes y destituya a Agustín Encina, viceministro del Transporte y a Carlos Samarán, director de Dinatran.
Estudian los efectos que tendría una huelga general, sin embargo no están muy convencidos que ese sea el camino adecuado, “porque los trabajadores de nuevo vamos a arriesgar nuestros puestos, y también se perjudicarán los usuarios del transporte público”, apuntó Juan Villalba, dirigente de la Federación del Transporte.
Además de aquellas exigencias, los gremios reclaman que “las empresas canceladas dejan en la calle a muchos choferes y las nuevas deben recontratarlos, pero eso no ocurre y eso debemos corregir; y entendemos solo con una huelga general nos van a escuchar”, acusó Villalba.
Hasta el momento 1.800 conductores siguen esperando ser recontratados. A principios de este año se firmó un acuerdo con el viceministerio del Transporte y con el Ministerio del Trabajo para obligar a las nuevas empresas adjudicadas recontrate, “eso ocurrió con la línea 51; hubo compromiso; pero la línea 48 que se quedó con aquel itinerario jamás los recontrató”, dijo el sindicalista.
