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Agentes policiales brasileños detuvieron al diputado federal João Rodrigues, del Partido Social Democrático (PSD), condenado por un tribunal de segunda instancia a 5 años y 3 meses de prisión por fraude en una licitación. El procedimiento tuvo lugar ayer, en el aeropuerto internacional de Guarulhos, en la región metropolitana de São Paulo, cuando Rodrigues iba a viajar con destino a nuestro país.
SAO PAULO, Brasil.- Las autoridades cumplieron la orden dictada por la primera sala de la Corte Suprema, que determinó la ejecución inmediata de la pena del legislador, condenado a cinco años y tres meses de reclusión en régimen semiabierto por supuesto fraude y dispensa de licitación en la compra de una retroexcavadora.
Según datos, el diputado se encontraba en Estados Unidos y había modificado su viaje de vuelta de Brasil a Paraguay. Con objeto de evitar la prescripción de la ejecución de la pena, prevista para el próximo lunes, el juez Alexandre de Moraes, presidente de la primera sala del Tribunal Supremo, autorizó la inclusión de Rodrigues en la lista, con circular roja, de buscados a nivel internacional de la Interpol.
Esto permitió que se le impidiera entrar en Paraguay y tuviera que embarcar en un vuelo rumbo al aeropuerto de Guarulhos, donde fue finalmente privado de su libertad.
Rodrigues fue condenado por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF4), con sede en Porto Alegre, en 2009, cuando era alcalde de la ciudad de Chapecó, en el estado de Santa Catarina (sur). Sin embargo, los hechos por los que fue juzgado y condenado ocurrieron en 1999 en su corta etapa de alcalde interino del municipio de Pinhalzinho, también en Santa Catarina.
El diputado fue condenado por el mismo tribunal que ratificó y aumentó de nueve a doce años de prisión la condena por corrupción pasiva y blanqueo de dinero dictada por un juez inferior contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) en un proceso relacionado con el escándalo en la petrolera estatal Petrobras.
Una decisión cautelar de la Corte Suprema tomada en 2016, permite que una sentencia sea ejecutada una vez concluyan todas las apelaciones en segunda instancia y aún cuando hay posibilidades de otros recursos en instancias superiores.
