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ASUNCIÓN.- Si la Cámara de Diputados acepta hoy las modificaciones que el Senado introdujo al proyecto que reglamenta la pérdida de investidura, la ley quedará sancionada y se acabarán las excusas por las cuales, hasta ahora, varios legisladores como Carlos Portillo, siguen atornillados a sus bancas. Se exigirá mayoría absoluta para destituir a un legislador (41 diputados o 23 senadores).
A regañadientes, la mesa directiva de Diputados introdujo el proyecto de marras en el orden del día de la sesión de hoy, más que nada por la presión de los líderes de las bancadas minoritarias, las que habían iniciado todo el proceso en septiembre del año pasado, cuando plantearon la pérdida de investidura de Portillo, imputado por la Fiscalía por tráfico de influencias, la causa principal para que un legislador pudiera ser destituido.
A partir de allí hubo avances y retrocesos, ya que un primer proyecto aprobado por la cámara establecía que la institución responsable de juzgar a los legisladores sea el Tribunal Superior de Justicia Electoral, algo que fue muy criticado por medios y ciudadanía a través de las redes sociales, por lo que el pleno reconsideró el texto y eliminó esta disposición.
Haciendo un poco de memoria, con casi 30 años de vigencia de la Constitución, la primera vez que se utilizó la pérdida de investidura fue en diciembre del 2017, cuando el Senado destituyó al colorado Óscar González Daher, por mayoría simple y sin ningún tipo de condicionamientos.
A partir de esto se presentó el primer proyecto y se sancionó la ley, que los medios calificaron como de “autoblindaje” porque establecía una mayoría absoluta de dos tercios para destituir a un senador o un diputado. Ante tantas críticas, lo primero que hizo el Parlamento que asumió el 30 de junio del año pasado fue derogar la ley, algo que fue inmediatamente promulgado por el Ejecutivo.
Así que se volvió a foja cero, y el proceso se reinició en septiembre del 2018 en Diputados. En el segundo intento de aprobar el proyecto actual, la cámara de origen lo envió al Senado a fin de año y el pleno lo postergó hasta marzo pasado, aunque recién lo consideró a fines de abril.
Claro que para los senadores no es necesaria ninguna ley reglamentaria para destituir a uno de sus miembros y prueba de ello es que en las últimas semanas, dos senadores quedaron fuera, el colorado Víctor Bogado y el liberal Dionisio Amarilla. Pero en Diputados se muestran más exigentes y exigen la norma vigente antes de sentar a Portillo en el banquillo de los acusados. Si hoy se sanciona la ley, las excusas acabarán y el liberal deberá enfrentar a sus colegas.
