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Las diputadas Kattya González (PEN) y Jazmín Narváez (ANR) informaron ayer, luego de una reunión mantenida con sus pares de otras bancadas, que la Cámara Baja realizará una auditoría externa para detectar la existencia de planilleros, las labores que realizan los funcionarios y los salarios que por ellas perciben. Más allá del monto que se abonará en tal concepto, 280 millones de guaraníes, las preguntas que surgen de inmediato son: ¿Para qué están entonces los órganos del control del Estado paraguayo y por qué los legisladores no apelan a ellos?
Una primera mala noticia es que con esta medida, la Cámara de Diputados reconoce que no tiene control, ni siquiera conocimiento, de su propio desempeño administrativo, o mejor, que la mayoría de los diputados no confía en la mesa directiva que está al frente del colegiado. Y menos aún, en los funcionarios de la institución, quienes tendrían que garantizarles informaciones precisas sobre el particular, en forma rápida, sin mayores trámites.
Ahora bien, asumamos que la Cámara es un completo descontrol, que nadie confía en nadie y que, por tanto, recurren a auditores que les digan lo que la Mesa Directiva no puede o no quiere decirles al grueso de los diputados. La siguiente interrogante es ¿por qué no se rigen por lo que establece la Constitución Nacional y solicitan la intervención de la Contraloría General de la República?
Dicha entidad “es el órgano de control de las actividades económicas y financieras de Estado”, según lo estipula el art. 281 de la carta magna. Y en su art. 283, de los Deberes y Atribuciones del Contralor, en su inciso 1, se refiere expresamente a “el control, la vigilancia y la fiscalización de los bienes públicos y del patrimonio del Estado”.
Por si hubiera alguna duda acerca de si esto faculta a la Contraloría a realizar o no la auditoría en cuestión, pues no faltará quienes sostengan ésta postura, remitámonos a la Ley 276 que rige dicha repartición, en cuyo art. 9°, inciso (i), señala como una de sus competencias “Verificar los gastos e inversiones del Presupuesto de los Poderes Legislativo y Judicial”.
Los defensores de la auditoría externa, por fuera de lo establecido la Constitución y la citada normativa, podrán alegar entonces que la Contraloría y, en especial, el Contralor Enrique García, tampoco goza de la confianza de la Cámara y que por eso ésta ya había puesto en marcha el proceso de juicio político para su posterior destitución.
Tal criterio, sin embargo, carecería de toda lógica jurídica y constituiría una nueva muestra de desprecio a las instituciones, que deben seguir funcionando y cumpliendo los papeles que les corresponde, independientemente de la situación que pudiera afectar a quien la encabeza, como en el referido caso, al señor García, detrás del cual existen un vice Contralor y docenas de funcionarios a quienes les pagamos muy bien para que ejecuten actividades como las requeridas por los legisladores.
Recordemos que días atrás, la Junta Municipal de San Lorenzo pretendió hacer algo parecido, lo cual puede atribuirse al desorden que reina en tantos municipios de nuestro país. El problema es que ahora se trata de uno de los Poderes del Estado y este, con decisiones como la que se dispone a llevar a la práctica, desconoce lo que manda la ley fundamental de la República, así como la ley sancionada por el propio Congreso en esa área en particular.
La situación debería resolverse de manera mucho menos complicada. Si los señores diputados no confían en la mesa directiva que ellos mismos eligieron en junio del año pasado, tienen todas las prerrogativas necesarias para hacer los cambios que consideren pertinentes. Y si pasa lo mismo con el Contralor, como de hecho pasa, al poner en tela de juicio su honestidad y activar su enjuiciamiento político, debe esperar a que se expida al respecto la Cámara de Senadores.
Mientras tanto, no deben ni pueden buscar “atajos” extra constitucionales. Y si persisten en la idea de una auditoría, pues bien, pidan el concurso de la Contraloría, que esa es su función, además no representarnos ningún costo.