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El proyecto de ley que establece que todas las personas mayores de 18 años serán donantes presuntos, salvo quienes se registren dejando sentado que se oponen a donar sus órganos, conocido como “Ley Anita”, fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados y ahora queda a cargo del Senado su tratamiento, aguardando su rápida sanción.
ASUNCIÓN.- La Cámara de Diputados, en sesión extraordinaria, aprobó, por unanimidad, el proyecto que modifica la Ley de donación de órganos y tejidos anatómicos humanos, conocido como “Ley Anita”, que establece en su parte principal que todos los ciudadanos de la República somos donantes presuntos, con la aclaración de que quienes no quieren serlo pueden registrarse ante los organismos pertinentes, con la garantía de que su deseo será respetado.
El proyecto lleva el nombre de una niña que falleció aguardando la donación de un corazón, que no llegó a tiempo para salvarla.
En cuanto a los menores de edad, dependerá de la voluntad de la familia cualquier procedimiento que se tenga que realizar, según explicó Ramón Romero Roa, quien dijo que oficialmente hay 250 personas que están esperando un trasplante en el país, pero en el subregistro el número aumenta a 500.
Hablaron varios diputados en representación de las comisiones dictaminantes y de las bancadas. Miguel del Puerto, por la de Salud, dijo que no se busca la obligatoriedad de la donación, sino crear consciencia sobre su necesidad. Afirmó que con esta ley se mejorará también el sistema de salud pública a nivel país “porque implica mejorar la infraestructura de nuestros hospitales y la capacitación de los recursos humanos, del personal de blanco”.
El presupuesto para la aplicación de esta ley es de 16 mil millones de guaraníes anuales, de cuya obtención se hará cargo el Ministerio de Hacienda, según recordó Cristina Villalba.
El proceso de estudio del proyecto fue largo, ya que se realizaron audiencias públicas con sectores involucrados y personas que fueron beneficiarias de la donación de algún órgano. También se estudió la legislación comparada, y el resultado es una copia de la Ley Justina de Argentina, aunque también se tuvieron en cuenta las experiencias de España, Uruguay y otros países, que tienen la misma legislación.
