Jorge Ávalos Mariño, diputado liberal.
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Diputados retrocedería en modificación de ley orgánica de la Policía

ASUNCIÓN.- Parece que el intento de aprobar la posibilidad de que la Policía detenga a un sospechoso sin orden judicial y sin flagrancia terminará en el opa rei. El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño pedirá el plenario aceptar la redacción del Senado. Lo que hay que hacer es modificar el artículo del Código Procesal Penal que desde hace 19 años contempla esta posibilidad.

Ávalos Mariño parece haber reflexionado sobre los abusos que pudieran cometerse si la Policía tiene la potestad de detener a una persona solo por ser sospechosa de un delito, así que decidió recomendar a sus colegas que acepten la redacción del Senado, que elimina esa atribución en el proyecto de ley que modifica artículos de la Carta Orgánica de la Policía Nacional.

Esto es fantástico y en las redes sociales la gente aplaudió la decisión del Senado de evitar que se imponga lo que se dio en llamar “Ley Pastor Coronel”. Sin embargo, nadie parece tener en cuenta que esa disposición, que tanto rechazo produjo en los últimos tiempos, lleva casi 2 décadas vigente en el CPP, que en su artículo 239 dice que la Policía podrá detener a alguien cuando haya indicios suficientes de su culpabilidad, lo mismo que ahora rechazó la Cámara Alta.

Esto lo explicó muy bien el abogado Jorge Vasconsellos en una entrevista radial, quien se mostró extrañado de que nadie, en todo este tiempo, haya cuestionado dicho artículo, que es “claramente inconstitucional. La Constitución contempla la flagrancia, y nada más. Sin embargo, a través del código se introduce esta modalidad”.

Lo que planteó el jurista es que los legisladores habrían tenido que aprovechar la oportunidad de derogar el artículo de marras del código, eliminando la posibilidad de que la Policía pudiera detener a alguien sin orden judicial y sin que se lo encuentre en evidente flagrancia.

Así que mucho no importa que el Senado haya rechazado la sugerencia de Diputados en la ley policial, porque de hecho, la disposición está vigente; “ilegal, inconstitucional, pero ya está”.

“Si tuviéramos una Corte Suprema de Justicia con carácter, unos fiscales y jueces que asumieran la responsabilidad de limitar las atribuciones de la Policía,  no sería preocupante. Pero no es así y la ley tiene que ser suficientemente clara para evitar abusos”, afirmó Vasconsellos.

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