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ASUNCIÓN.- La Cámara de Diputados sesionará mañana martes, a las 14.00, en forma extraordinaria con el propósito de analizar el Proyecto de ley “Que declara en situación de emergencia penitenciaria los establecimientos penitenciarios en todo el territorio de la República”.

La propuesta, patrocinada por los diputados Antonio Buzarquis (PLRA-Caaguazú), Cristina Villalba (ANR-Canindeyú) y Jazmín Narváez (ANR-Central), asegura que existe una crítica situación en las diferentes penitenciarias del país, con elevada inseguridad, hacinamiento y un alto índice de reclusos sin condenas, lo que sumado a los últimos 10 casos de asesinatos ocurridos en la cárcel de San Pedro, hacen viable la presentación.

Se sustenta, principalmente, en lo que establece el artículo 21 de la Constitución Nacional donde expresa que las personas privadas de su libertad serán recluidas en establecimientos penitenciarios adecuados, evitando la promiscuidad de sexos, que los menores no serán recluidos con personas mayores de edad y que la reclusión de personas detenidas se hará en lugares diferentes a los destinados para los que purguen condena.

En la exposición de motivos se asegura que, si bien ha sido posible avanzar, parcialmente, en la ampliación y mantenimiento de las obras en diversos establecimientos penitenciarios del país, siguen aún estando pendientes de construcción y mantenimiento numerosos centros que necesitan reparación y nuevas plazas para internos.

“El ingreso de reos a las diferentes penitenciarias ha aumentado, considerablemente, desde la entrada en vigencia de la Ley 4431/11, Que prohíbe la concesión de medidas alternativas a la prisión a personas con antecedentes. Esta situación hizo que se alcanzara un número de 16.820 internos para una capacidad certificada de, aproximadamente, de 9.000 internos”, dice parte de la exposición de motivos.

El hacinamiento, agrega, acarrea como consecuencia que los reclusos no cuenten con espacios mínimos y las condiciones de higiene no sean las adecuadas, atentando de manera directa contra el mencionado objeto de las penas, razón por la cual, se torna indispensable otorgar una respuesta eficaz y eficiente destinada a mejorar la infraestructura en los centros penitenciarios, en cuanto a reparación y construcción de nuevos establecimientos penitenciarios.

Este proyecto de ley tendría que haberse analizado ya la semana pasada, pero los legisladores consideraron conveniente que, primero, se pronuncien las comisiones al respecto, teniendo en cuenta que se autoriza al Ministerio de Justicia a llevar a cabo contrataciones de personal, bienes y servicios, bajo el régimen de excepción previsto en la Ley 2051/03, De Contrataciones Públicas y, también, a utilizar los cargos vacantes disponibles y generados durante la vigencia de la presente disposición.

Igualmente, porque su aprobación conlleva la participación de las Fuerzas Militares y “un cheque en blanco” para el Gobierno en todo el tiempo que dure la emergencia, según legisladores, principalmente, de la oposición.