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La convocatoria a elecciones en Ciudad del Este y la posibilidad de que el preso Ulises Quintana pudiera ser candidato, pone en el tapete un tema que merece ser analizado por juristas y discutido en el Congreso. Resulta que, por la presunción de inocencia, una persona solamente pierde sus derechos a postularse a un cargo electivo si pesa sobre ella una sentencia firme y ejecutoriada.
Como el abdista tiene solamente prisión preventiva, aún se presume su inocencia. Por lo tanto, no tiene impedimento legal para postularse como candidato añetete a las elecciones municipales de mayo próximo, aunque no podrá votar en ellas al no estar en libertad. Pero en el supuesto caso de que llegara a ganar los comicios, no podrá asumir el cargo por estar preso, salvo que para ese entonces ya hubiera terminado el juicio y fuera declarado inocente, pero eso es algo que nadie puede asegurar de antemano.
Esa es la situación, Ulises, al estar preso, no puede votar, pero puede ser votado. Y aunque lo fuera en mayoría, no podrá ser intendente mientras siga preso. Es decir que, si gana, la situación se complicaría mucho más en Ciudad del Este porque de nuevo la intendencia quedaría acéfala, la Junta Municipal tendría que nombrar a un intendente que completara el mandato. Algo absurdo luego de todas las peripecias que pasó la ciudadanía de la capital esteña, que merece algo de tranquilidad y estabilidad política.
Lo peor de toda la situación que acabamos de describir es que es perfectamente legal, por lo tanto podría ocurrir sin que haya un argumento sólido para impedirlo, salvo el sentido común, que no es algo que abunde en la clase política. A lo mejor en otro país, una persona sospechosa de estar involucrada en el tráfico de drogas y el enriquecimiento ilícito, con suficientes evidencias como para que el Ministerio Público haya decidido y la Justicia ratificado su prisión preventiva, ni siquiera osaría a postularse en ninguna elección porque sabría que no tendría ningún apoyo ciudadano.
Pero los paraguayos somos muy afectos a tener ídolos de barro, y en el caso de Quintana, hay una corriente interna encabezada por los añetete del Alto Paraná, que pretende convertirle en una víctima de persecución política, mostrándolo casi como un héroe de la resistencia, lo que utilizarían para su campaña política. Por lo tanto, si no se frena esta locura, bien podría suceder, más aun teniendo en cuenta el carácter tragicómico del personaje en cuestión, que hasta pidió la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos del país, para obtener su libertad.
Es un disparate mayúsculo. Al estar en prisión, nadie debería poder ser candidato. Así como no puede elegir no tendría que poder ser electo. Por eso es que el artículo constitucional que habla de la presunción de inocencia y el Código Penal tienen que ser modificados con urgencia. Es cierto que debe garantizarse la presunción de inocencia, pero no debería ser absurdo establecer condiciones para esta. No es lo mismo un imputado por un delito menor que uno que lo está por un crimen con expectativa de cárcel de más de 5 años. De ninguna manera.
Por lo tanto, es fundamental que se establezca que de manera absoluta, la presunción de inocencia rige para quienes pueden defenderse estando en libertad, con medidas sustitutivas. Si está en la cárcel y no puede votar, de ninguna manera tendría que poder ser votado. Esto es lógica básica.