Domingo , agosto 19 2018
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Dos ataques brutales al derecho a la intimidad

Los “pinchazos” telefónicos ilegales, cuyos contenidos son divulgados por el diario ABC Color, son la prueba más fehaciente de que las garantías constitucionales no son suficientemente garantizadas.
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Como nunca antes, en los casi 30 años de proceso democrático, este es un duro momento para el respeto a la intimidad de las personas. Los “pinchazos” telefónicos divulgados de manera ilegal por el diario ABC y los extractos de llamadas de políticos y empresarios, requeridos y obtenidos por quién sabe quién, son la prueba palpable de que las garantías constitucionales siguen sin estar suficientemente aseguradas.

ASUNCIÓN.- Durante todo este tiempo de transición democrática nos habíamos convencido de que las garantías individuales y el derecho a la intimidad de las personas estaban suficientemente garantizadas en la Constitución Nacional y en plena vigencia por las reglas de la convivencia.

Pero dos grandes escándalos de este último tiempo nos han demostrado lo frágil que es nuestro Estado de Derecho en lo que tiene que ver con las libertades individuales. En primer lugar, el caso de los audios de conversaciones de autoridades del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que comprometió a senadores, jueces, fiscales y abogados de todos los sectores políticos, obtenidos sin orden de juez competente, asestó un duro golpe al derecho a la intimidad, porque quedó en evidencia que cualquiera puede grabar la conversación privada de otra persona y publicitarla, con absoluta impunidad.

Agrava el caso el hecho de que la Fiscalía haya decidido tener en cuenta estos audios para abrir una investigación e imputar a quienes, supuestamente, aparecen en ellos, sin que haya siquiera una prueba suficiente de que las grabaciones son auténticas.

El segundo caso, el del supuesto pedido de la fiscala Brígida Aguilar a la empresa Tigo Paraguay, de las conversaciones y mensajes de políticos, abogados, fiscales y hasta el secretario privado del presidente Horacio Cartes, y la facilidad con la que la telefónica accedió al pedido, deja a las claras que la protección a la intimidad de las personas es letra muerta en el país.

Esta es una clara muestra de que la ley no sirve para nada si es que no existe la voluntad política clara para castigar a quienes la violan. El derecho a la intimidad es una de las garantías ratificadas en la Constitución. Si los órganos jurisdiccionales no actúan con contundencia, castigando a quienes desobedecen las normas, ninguna ley podrá hacer milagros.

¿QUÉ PASA CON GREMIOS DE JUECES Y ABOGADOS?

ASUNCIÓN.- En los dos casos que demuestran una clara violación a la intimidad hay jueces, fiscales y abogados que fueron investigados, grabados y expuestos a la luz pública de manera totalmente ilegal. Sin embargo, ni los magistrados ni los profesionales del derecho parecen haberse dado cuenta de la gravedad de ambos hechos y de lo frágil que es la vigencia de las libertades públicas en el país.

Por lo menos los fiscales, a través de su asociación, hicieron acuse de recibo de los hechos que se produjeron luego de la emisión de los audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sin orden judicial pertinente.

Aunque lo que manifiestan en su comunicado es un tácito apoyo al caso, a pesar de los audios ilegales, lo cierto es que por lo menos mostraron interés en lo que está ocurriendo, a diferencia de jueces y abogados, que parecen más preocupados en mirarse el ombligo que en reaccionar ante los hechos.

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