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ASUNCIÓN.- La insistencia de las fuerzas que se oponen a la maquinización del Brazo Aña Cuá ya no disimulan la intencionalidad del propósito. La intención es solo trabar el proceso, sin importar los beneficios que se obtendrá en varios niveles; en el desarrollo de la zona de influencia, la generación de 3.000 puestos de trabajo y la inversión de US$ 610 millones para la construcción propiamente.
Hace algunos días el matutino ABC Color, principal guionista de la oposición y de la disidencia colorada hacía alarde de un “dictamen” del ingeniero Orlando Valdez, exconsejero de Yacyretá que califica de “entrega” de los recursos energéticos y de la soberanía. Hoy Valdez es presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos del Paraguay (AISEP).
Todo sería parte de una oposición más como tantas que se publican en el diario de Aldo Zuccolillo sino fuera por la tremenda contradicción del mismo profesional, quien en 2012; entonces asesor del Consejo de Administración de la Entidad Binacional Yacyretá, decía que “el proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá era no solo posible, sino totalmente legal, además de estar previsto en el tratado, no necesita pasar por el Congreso”. El documento tiene la identificación Memorandum 25 fechado 2012 con membrete de la EBY.
BENEFICIOS
El proyecto Brazo Aña Cuá comprende la instalación de tres nuevas turbinas con 270 megavatios de potencia y con una capacidad dos veces mayor a la que produce la Central Hidroeléctrica Acaray. Se estima que los trabajos en zona de obras se iniciarán no menos de seis meses.
El plazo de construcción es de 50 meses a partir de la firma del contrato hasta puesta en marcha de la tercera y última generadora. Estos cuatro años y un poco más estarán ocupados 3.000 personas.
A esto se oponen ABC Color, opositores y la disidencia colorada con aporte del ingeniero Valdez.
Ángel María Recalde, director paraguayo de la EBY, agregó que “una vez en funcionamiento las tres turbinas generarán por lo bajo US$ 51 millones de dólares anuales y sobre esa base el tiempo de recuperación de la inversión en esta obra está estimado en un plazo de 15 años”.
EN 2012 MAQUINIZACIÓN ERA FACTIBLE, EN 2017 ES UN “BRUTAL NEGOCIADO”
En 2012, el ingeniero Orlando Valdez, asesor del Consejo de Administración de Yacyretá, celebraba el avance del proceso de maquinización del Brazo Aña Cuá y decía en su dictamen que la obra iba a significar la creación de 1.000 puestos de trabajo en forma directa durante cuatro años, la creación de puestos indirectos llevando a una reactivación del comercio, la industria y los servicios en la zona de influencia de la obra. Tampoco producirá una inundación adicional a áreas pobladas y no tendrá efecto negativo para la salud pública”.
Estos son los mismos argumentos que hoy esgrime la Entidad Binacional, con un agregado, que hoy serán 3.000 los puestos de trabajo.
Destaca el documento que la obra en los archivos de la EBY, firmado por Valdez, que desde el punto de vista técnico jurídico “el proyecto no debía tomarse como una nueva represa pues consiste en una obra complementaria y accesoria a la principal, lo cual no viola la soberanía ni la integridad territorial del Paraguay”.
Hoy asegura que la firma entre los presidentes Mauricio Macri y Horacio Cartes es el inicio de “un brutal negociado a cambio de la entrega de la soberanía nacional”.
Decía entonces que el proyecto “no quebranta la seguridad nacional, ni la política exterior de nuestro país”.
El sesudo análisis del profesional –en 2012- concluía que “la realización de estas modificaciones en el proyecto original de Yacyretá, está previsto en el Numeral 1 del Anexo B del Tratado” lo remataba con absoluta certeza que “la obra no requiere aprobación parlamentaria”.
El ingeniero Orlando Valdez actualmente se desempeña como presidente de la Asociación de Ingenieros Eléctricos del Paraguay (AISEP
