ADN Digital
El pasado 4 de enero del corriente, Ciudad del Este amaneció estremecida. La tarde antes, a las 18:00 horas aproximadamente, la niña Sara Amapola Insfrán jugaba en una concurrida plaza céntrica recientemente “remodelada” por la “administración Sandra Zacarías”, cuando recibió una descarga eléctrica que le hizo agonizar durante 17 días antes de perder la vida. La nena tenía apenas 2 años y 11 meses. A casi 6 meses del trágico acontecimiento, los fiscales Cynthia Leiva Cardozo y Marcelo Saldívar Bellasai, quienes tienen a su cargo la investigación, resolvieron burlarse del dolor de la familia, de todo aquel que siguió el caso y de la propia Justicia, al imputar al último eslabón de la cadena de responsables involucrados en el caso: ¡al electricista! Se trata de Jorge Ramírez Russo, de 45 años, empleado de la empresa “Lainuz S.A”, contratada por la Municipalidad para ejecutar los trabajos. Antes habían sido afectados por una medida similar dos funcionarios jerárquicos de la Municipalidad y una directora de la citada firma, pero ahora llama poderosamente la atención que las pesquisas, en lugar de seguir hacia “arriba”, se dirijan en dirección opuesta, aumentando las sospechas de que el Ministerio Público busca cerrar pronto el caso entregando la cabeza de un “chivo expiatorio”.
Como salido de malas películas de suspenso, en las que el asesino siempre terminaba siendo el mayordomo, los agentes de la Fiscalía cargan la tinta sobre Ramírez como supuesto responsable de las instalaciones mal hechas, “por incumplir las exigencias técnicas”, como si éstas dependieran del trabajador y éste no tuviera jefes que fiscalizaran su labor. Una verdadera tomadura de pelo, porque de ahora en más, con el criterio de Cynthia Leiva y Marcelo Saldívar, el eventual derrumbe de un viaducto o un puente recientemente construidos, sería culpa del obrero que “cargó mal el hormigón”, no del fiscal de obra e ingenieros de la contratista, ni mucho menos del Ministerio de Obras Públicas.
Desde el momento mismo en que sucedió el hecho, se puso en entredicho la calidad de los materiales utilizados en la obra y no faltaron las denuncias de sobrefacturación, lo que, de comprobarse, hablaría de un acto ilícito en complicidad entre la contratista y las autoridades municipales, que arrojó una víctima fatal. Pero también desde el comienzo se expresaron profundas dudas sobre el rumbo que adquiriría el proceso, dada la reconocida influencia que tiene Javier Zacarías Irún, marido de la jefa comunal, entre fiscales y jueces. Y ambas cuestiones cobran fuerza a partir de dos datos de la realidad: los investigadores ni asomaron las narices para comprobar si la calidad de los materiales correspondían a lo establecido en el contrato, y tampoco indagaron sobre sus costos, por un lado, ni citaron a la intendente aunque más no sea para una declaración informativa, por el otro.
Acá no es cuestión de sacar desde la prensa veredictos condenatorios o absolutorios. Es exigir que los encargados de hacer que prime la Justicia no actúen como sus sepultureros. Y que los responsables del asesinato de “Sarita”, que los hay, en plural, paguen sus culpas tal cual manda la Ley.
Lo demás es una cuestión moral y de ética política. Luis Rojas, exministro de la Senad, no jaló del gatillo que le cegó la vida a la niñita Viviana Romina Paredes Zanotti, también de 3 añitos. Pero lejos de buscar a un “electricista”, de descargar toda la responsabilidad sobre los que dispararon, que sin lugar a dudas la tienen, asumió la responsabilidad política de la tragedia y, sin chistar, presentó su renuncia al cargo.
