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La violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) por parte del Congreso, inflando el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, deberá ser resuelta por el Poder Ejecutivo ajustando el Plan Financiero, de manera a obtener recursos para calzar los gastos generados de forma populista. El sector privado propone a la clase política que liberen de debates estériles los proyectos APP, como ser aeropuertos, bonos y otros que dinamizarán la economía y generarán recursos impositivos.
ASUNCIÓN.- Los esfuerzos realizados por el Ministerio de Hacienda por garantizar la sostenibilidad fiscal, acompañando la construcción del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, resultaron totalmente infructuosos. En el Congreso se impuso el criterio político electoral con determinaciones absolutamente populistas que acabaron con un PGN desbordado en US$ 87 millones de dólares que representa 2,5% de déficit. El colegiado legislativo violó la ley de Responsabilidad Fiscal (LRF) que topea al 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB).
La Ley más importante de la República contiene además un desfinanciamiento de US$ 40 millones por encima de los ingresos estimados por el Poder Ejecutivo para los gastos financiados con Recursos del Tesoro (impuestos).
Un documento emitido por Hacienda revela que “la decisión adoptada por el Congreso Nacional, al aprobar un Presupuesto que no cuenta con el financiamiento asegurado para la totalidad de gastos autorizados, obligará al Ministerio de Hacienda a realizar recortes a las entidades cuyos programas dependen de los impuestos para su financiamiento”.
El Congreso terminó rompiendo el plan del gobierno de ir reduciendo paulatinamente la presión de los Gastos Rígidos sobre el PGN, que llegó a 2016 con 71% de los impuestos destinado a este rubro. El PGN 2018 aprobado en diciembre pasado “destina el 93% de los impuestos a gastos rígidos”. Los Gastos Rígidos incluyen salarios, intereses de la deuda y pago a jubilados y pensionados.
Esta secretaría de Estado destaca que “el margen para la aplicación de topes dentro del Plan Financiero es bastante limitado, lo que obligaría al Ministerio de Hacienda a definir las políticas públicas que se llevarán adelante en el 2018 y aquellas que deberán ser postergadas o restringidas en su ejecución”.
De acuerdo a versiones oficiosas, los sectores que podrán sufrir recortes son los Programas Sociales (Tekoporã, Tenonderã, Adultos Mayores, asistencia a la Huerta Familiar entre otros.
