Bernardino Soto Estigarribia, ministro de Defensa.
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Ejecutivo no vetaría derogación de tasas del Servicio Militar

El gobierno no se opondrá a la eliminación de las tasas previstas en la ley stronista, que establece el Servicio Militar Obligatorio, según el ministro de Defensa, Bernardino Soto Estigarribia. Con esto, deja la promesa de que el Ejecutivo no vetará la ley que se tratará en el Congreso y que, justamente, pretende modificar artículos de la norma que imponen multas para los jóvenes que no prestan servicio en las Fuerzas Armadas.

ASUNCIÓN.- Soto y el defensor del Pueblo, Miguel Godoy, comparecieron ayer ante los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso, que los convocaron a fin de que expliquen los motivos de la crisis reciente debido al anuncio de que se aplicaría la Ley 569/75, especialmente en lo que se refiere a las multas para los jóvenes que no prestan el SMO ni se presentan como objetores de conciencia.

Lo dicho por el ministro da cierta tranquilidad a la población, puesto que se sentía mucha confusión, más aún por la actitud asumida por el presidente de la República, quien no solo se mostró a favor del SMO, sino que presentó a su propio hijo, menor de edad, a prestar el servicio. Esto hacía suponer que, en el caso de que el Congreso llegara a sancionar la ley que deroga los artículos mencionados, probablemente el Ejecutivo podría vetarla, algo que, con las expresiones de Soto, quedó desmentido.

El proyecto de derogación fue presentado antes del inicio del receso parlamentario por las bancadas del PLRA y el PDP del Senado, pero no pudo ser tratado por el pleno por falta de dictamen de comisión, por lo que quedó postergada para marzo próximo, salvo que hoy, la Comisión Permanente decida convocar a sesiones extras a ambas cámaras, a fin de que traten los proyectos presentados sobre el tema.

Además, el ministro reconoció, incluso, si no se deroga la ley, no hay posibilidad operativa para que las Fuerzas Armadas y el gobierno en general puedan cobrar las  multas establecidas en la misma.

“No existe manera de coaccionar al joven para ir tanto a cumplir con el servicio militar, por más de que sea una ley, ni tampoco para ir a pagar la tasa militar”, dijo, explicando que, aunque en la Ley 569/75 se establecen multas o tasas para quienes la incumplen, no se prevé ningún tipo de castigo para quien no cumple con lo establecido, así que la norma es “letra muerta”.

Mostró publicaciones en las que el defensor Godoy hablaba de que la Defensoría cobraría las multas, responsabilizándolo por la crisis generada, algo que el gobierno lleva haciendo durante los últimos días.

GODOY SE LAVÓ LAS MANOS

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, no recogió los guantes que le tiró el ministro de Defensa, Bernardino Soto, quien lo responsabilizó de la crisis generada por los rumores de que el gobierno pensaba aplicar las multas previstas en la Ley del Servicio Militar Obligatorio, y que generó una psicosis en cientos de jóvenes que acudieron masivamente a la Defensoría a presentar su objeción de conciencia.

En lugar de defenderse de las acusaciones de Soto, lo que hizo fue culpar a las redes sociales por la crispación generada, sin explicar dónde se generó, puesto que para que un rumor se vuelva viral, debe iniciarse en algún lado.

“Yo no le culpo al ministro. Mirando desde lejos, muchas circunstancias que pueden ocurrir y que pudieron haber ocurrido y no solo alguna exposición pública ni del ministro ni mía, ni alguna viralización de alguna información falsa, que ocurrió muchísimo”, dijo.

Añadió que “yo, particularmente, no quiero hacer ningún tipo de epopeya en cuanto a los últimos acontecimientos ocurridos. Nada que salga fuera de mi conocimiento ni de mi trabajo será utilizado como una herramienta personal; aun así, entendiendo de que la posición de víctima es la posición más cómoda aquí en Sudamérica y cualquier parte del mundo”, en un discurso bastante confuso, como es su costumbre.

Sin embargo, si alguna consecuencia va a tener esta crisis, además de la derogación de artículos de la Ley del SMO, podría llegar a ser la cabeza del defensor del Pueblo, a quien la senadora por el PDP, Desirée Masi, ya amenazó con someterlo a juicio político, aunque para ello habrá que ver si la propuesta tiene mayoría en Diputados para acusarlo y en el Senado para condenarlo.

CONVENIOS PARA LOS OBJETORES

El defensor del Pueblo, Miguel Godoy, indicó que además del Ministerio de Salud  están iniciando convenios con otras instituciones privadas sin fines de lucro, como establece la Ley de Objeción de Conciencia, a los efectos de la socialización y la preparación de todo este trabajo. “Hemos pedido a la Entidad Binacional Yacyretá una ayuda de G. 60 millones y compramos 4 laminadoras, que tienen la capacidad de sacar 10 mil carné”, apuntó.

Explicó que al iniciar el periodo Constitucional 2016 / 2021, encontró que el tema del SMO era uno de los trabajos que tenía que realizar de manera insoslayable como una de las funciones de un Defensor del Pueblo. “Iniciamos los trabajos, convocando a los señores diputados, luego se dio la coyuntura electoral y los señores diputados y senadores pasaron a otras comisiones”, remarcó.

Refirió que tuvieron que iniciar nuevamente los trabajos con las 11 reuniones “y ahí nos encontramos que la ley habla de 10 días o 30 días de cumplimiento de plazos de manera intempestiva. Con respecto a los chicos, una vez que la Ley esté reglamentada a los efectos de su aplicación. Pero nos encontramos con una realidad política, de la dejadez del Estado, de no haber reglamentado en más de 6 años la ley”, apuntó.

Señaló además que ante tal situación, decidieron dar 6 meses de licencia como una cuestión de prudencia política para aplicar la ley. “Mientras tanto, estamos contando ya con las instituciones para los chicos”, concluyó.

“QUE EL PE ENVÍE LA PROPUESTA”

El diputado por Patria Querida, Sebastián Villarejo, quien participó de la reunión de la Comisión Permanente del Congreso, juntamente con el ministro de Defensa y el defensor del Pueblo, dijo que corresponde que sea el Poder Ejecutivo el que envíe al Parlamento una propuesta de modificación de la Ley del Servicio Militar Obligatorio.

“Lo que ameritaría es que desde el Poder Ejecutivo, construyan una propuesta legislativa nueva, en cumplimiento de la Ley del SMO, que acompañe a los nuevos tiempos. Lógicamente, siempre que vaya de la mano con la objeción de conciencia, pero que no se constituya como castigo y que no pueda ser multada”, dijo.

Otro diputado que dio su opinión fue el liberal Enrique Mineur, quien aseguró que se debe permitir que quienes quieran hacer el servicio militar estén en libertad de hacerlo, y quienes no, que presten un servicio civil, tal como está previsto en la reglamentación de la objeción de conciencia.

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