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El Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018 tiene dos características fundamentales para el Poder Ejecutivo, la austeridad en gastos considerados rígidos y la búsqueda de elevar la inversión social. La ministra Lea Giménez insiste en la conservación de ambos aspectos y solicitó al Congreso que mantenga “la eficiencia en sectores en donde el país más lo requiera, dando prioridad a programas que contribuyan al crecimiento, al empleo y, sobre todo, a la reducción de la pobreza”. Hasta el momento, ningún parlamentario de la oposición y de la disidencia colorada garantizó que se respetarán los programas sociales y la inversión física. Tampoco aseguran que los salarios se mantendrán.
ASUNCIÓN.- En el proceso de elaboración del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2018, el Ministerio de Hacienda asume que para obtener resultados exitosos ante un escenario regional crítico “se debe apuntar a focalizar la atención en aquellos programas que generan mayor impacto en los indicadores sociales y económicos”, explicó Lea Giménez, titular de esta secretaría de Estado y agregó que “para lograrlo se deben respetar las cifras asignadas en cada uno de los ítems presupuestarios”.
Durante una reunión con estudiantes agremiados a la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (Fenaes), Giménez explicó que “las necesidades son infinitas y los recursos muy limitados, les explicó la máxima autoridad de Hacienda, al tiempo de hacer hincapié que uno de los objetivos esenciales del Plan de Gastos para el próximo año es apuntar a la asignación y racionalización responsable de los recursos, de tal manera a priorizar las necesidades más prioritarias de la ciudadanía”.
Sobre esa misma base, las fuerzas del gobierno apuntan a convencer a los parlamentarios a no introducir variaciones “con un criterio político electoral que inflará el PGN y dejarlo sin financiamiento”, tal como ocurrió hace un año.
El PGN 2018 “se ha elaborado con la mayor austeridad fiscal posible, buscando que los recursos públicos se inviertan con eficiencia en aquellos sectores en donde el país más lo requiera, dando prioridad a programas que contribuyan al crecimiento, al empleo y, sobre todo, a la reducción de la pobreza”, apuntó la secretaria de Estado.
SIN RESPUESTAS
Hasta el momento, ningún congresista de la oposición y menos de la divergencia colorada se animó a garantizar un mínimo de respeto al planteamiento del Ejecutivo, lo que hace suponer –de momento- que el tratamiento a la Ley será similar de irresponsable al del año pasado.
Estas fuerzas principalmente del Senado, con Desiré Masi y Mario Abdo Benítez a la cabeza, azuzados por Efraín Alegre desde afuera, aumentaron salarios a funcionarios de ANDE, docentes y médicos dependientes del Ministerio de Salud, en el PGN 2017, que luego fue vetado y quedó en ejecución el de 2016.
EL 12% SERÁ PARA LA SALUD
El gran aporte a la Salud Pública por parte de la oposición para el Presupuesto General de la Nación 2017 –posteriormente vetada- fue de aumentar con cifras exorbitantes los salarios de médicos muy por encima de las asignaciones para equipamientos médicos y adquisición de medicamentos.
El proyecto PGN 2018 intentará esta vez revertir aquello y plantea “mejorar la cobertura y acceso a los servicios de salud, mediante la construcción y mejoramiento de 72 puestos de salud, instalación de 40 unidades de salud de la familia, adquisición de medicamentos por G. 1.816 mil millones”.
Esta cifra se sumará a los G. 3.525 mil millones que ya se ha invertido desde el año 2015 al primer semestre del 2017”, dice el proyecto remitido al Congreso.
En esta misma línea, el PGN apunta a “satisfacer las necesidades mínimas de una mayor cantidad de adultos mayores, cubriendo a un total de 190.000 personas”.
El gobierno asigna 12% del total del PGN para el sector Salud, para el cumplimiento del objetivo vinculado a garantizar una vida saludable y promover el bienestar de las personas, destaca el proyecto.
