lunes , septiembre 16 2019
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El anciano libretista

La sesión extraordinaria de Diputados que tendrá lugar en la fecha, para considerar la acusación y enjuiciamiento del fiscal General del Estado, Javier Díaz Verón, marcará un nuevo hito del cambalache político que estamos viviendo. No porque carezcan de la facultad de apelar a dicho resorte constitucional, que la tienen, sino porque en el supuesto de que reunieran los votos para el efecto (53) y que los senadores después aprobaran su destitución por mayoría absoluta de dos tercios (30), el resultado no sería otro que “llover sobre mojado”, dado que el titular del Ministerio Público lleva buen tiempo con su mandato vencido y si ya no fue sustituido es por negligencia exclusiva del Senado. Veamos cómo se llega a esta situación.

El pasado 9 de octubre, el presidente de la República eligió a la fiscal Sandra Quiñonez para estar al frente del Ministerio Público y remitió a la Cámara de Senadores el pedido de acuerdo constitucional. De entonces a esta parte transcurrieron más de 100 días, pero sin embargo, los legisladores nunca se pronunciaron, ni a favor, ni en contra de la nominada por Horacio Cartes.

En el mes de diciembre, el grupo ABC color comenzó a divulgar una serie de audios sobre casos de tráfico de influencias, que tenían como centro al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.  No contaban con orden judicial alguna, es decir, eran y son ilegales, tanto la intercepción de las llamadas, como su divulgación. Sin embargo, a raíz de esto fue destituído el senador Oscar Gonzalez Daher; también se iba a obrar del mismo modo con el senador Jorge Oviedo Matto, a quien sus pares finalmente le aceptaron la renuncia. El abogado Carmelo Caballero se halla actualmente procesado y el entonces secretario del organismo, Raúl Fernández Lippman, en la cárcel.

¿Dónde “entra” en esta historia el fiscal Díaz Verón? En una de esas escuchas, en la que, a diferencia de los otros, no se lo oye a él sino que se lo nombra. En base a eso se le inicia una investigación, pero no por el delito de tráfico de influencia sino de enriquecimiento ilícito. Y en ámbitos del Senado, que  ya mantenía congelado el acuerdo para Quiñonez desde hacía casi tres meses, pasaron a justificar el hecho con el argumento de que también se la mencionaba en algunos de los audios, lo cual, según los legisladores, era “motivo suficiente” para que su nominación “no corra”, aunque siguieron “cajoneando” el tema .

Una parodia verdaderamente fantástica, que nada tiene que ver con la necesaria lucha sin cuartel que debemos librar los paraguayos contra la corrupción y la impunidad.  Procesos judiciales basados en la violación de la Constitución y las leyes, ¡vaya contrasentido!, candidaturas vetadas y posibles destituciones porque sus nombres son mencionados en grabaciones “truchas”,  y políticos imprevisibles, de los que se puede esperar cualquier cosa.

En lo que respecta a Díaz Verón, hace tiempo y con más razón ahora, hubiera tomado la iniciativa de abandonar el cargo, independientemente de lo que resuelva hoy la Cámara de Diputados, por el hecho de tener el mandato vencido. Su decisión de “no renunciar” hasta parece un chiste de mal gusto, además de una torpeza política de dimensiones atómicas, si bien todavía está a tiempo de hacerlo, evitándose de esta manera ser objeto del escarnio al que, inexorablemente, le someterán ABC y sus lacayos en el Congreso.

En este contexto se llega a la sesión de la fecha, con Aldo Zuccolillo (88) como libretista de jueces, fiscales y una pléyade de parlamentarios sumisos, sin ideas propias, ni principios, que se limitan a decir y hacer lo que les ordena el ahora ya indiscutido  “patrón de los pinchazos”, com antes lo eran Sabino Augusto Montanaro, Pastor Coronel y Alberto Cantero.

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